El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Iván Picota pidió ayer al Ejecutivo el veto del proyecto de ley 53, que derogó la Ley 2 de 2015, por medio de la cual, a su vez, se aprobó el contrato para la construcción y operación de un puerto de contenedores en la antigua base naval de Rodman.
“Hay una indignación con este tema, hay que tomar correctivos para que esto no vuelva a suceder. Los diputados tenemos la capacidad de debatir los temas como tiene que ser, y es por eso que solicitamos el veto inmediato a ese artículo, para que el proyecto regrese y corrijamos esa sinvergüenzura con la que no estamos de acuerdo”, dijo Picota en el periodo de incidencias.
Precisamente, este diputado es el proponente de la iniciativa que busca prohibir la apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales, en la que fue incluido el gol legislativo.
Más voces
En tanto, otros diputados se sumaron al repudio del también llamado “camarón legislativo”, que introdujo el perredista Roberto Ayala.
La independiente Ana Matilde Gómez reiteró que la introducción del artículo “es ilegal e inconstitucional”, toda vez que la Corte Suprema de Justicia aclaró en 2015 qué puntos son los que se pueden introducir en segundo debate, para que se adecue al marco constitucional.
Por ejemplo, el desarrollo, regulación o ajustes, supervisión o adición a los artículos ya aprobados en primer debate. Pero, añadió, no es admisible que se presenten normas nuevas, ya que esto lo prohíbe el artículo 148 del Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea.
Por su parte, el diputado del Partido Popular Juan Carlos Arango coincidió en que es inconcebible que se introduzca un artículo en un proyecto que no tiene que ver con el tema a discutir. “Podemos presentar el proyecto que nos parezca, pero no está bien que este tipo de situaciones nos pase entre nosotros”, señaló.
A su vez, el panameñista José Antonio Domínguez dijo que lo ocurrido debe ser investigado, para que se conozca quiénes se beneficiarían con la derogación del contrato entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa PSA Panama International Terminal.
Ayala, quien en un comunicado sostiene que “actuó de buena fe” al proponer la derogatoria del contrato ley de PSA, no estuvo presente en la sesión de ayer.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, anunció que el Ejecutivo vetaría el proyecto por inconveniente.