Una vez más, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional ignoró el proyecto de ley 597, que busca inhabilitar de manera permanente a aquellas personas que sean condenadas a cinco o más años de prisión por cometer delitos contra la administración pública.
¿La razón?: la comisión no lo incluyó en la agenda y tampoco había el cuórum reglamentario [nueve diputados] para modificarla e incluirlo.
El hecho ocasionó críticas por parte de algunos de los que respaldan la iniciativa. Annette Planells, del Movimiento Independiente, recordó que la primera reunión se canceló y que en otra oportunidad esperaron cinco horas, pero cuando correspondía la discusión del proyecto los diputados rompieron el cuórum. “El tema no es prioridad para ellos, a pesar de que el presidente Juan Carlos Varela se comprometió en la lucha anticorrupción durante la pasada Cumbre de las Américas”, advirtió.
A su vez, el diputado Carlos Santana, presidente de la comisión, explicó que la propuesta será incluida en la agenda de la próxima cita.
La subcomisión de diputados que analizó el proyecto 597, también conocido como de “muerte civil”, pidió cambiar los artículos 1 y 2, que modifican los artículos 68 y 69 del Código Penal en lo referente a la pena accesoria.
Esos artículos proponen aumentar las penas por la comisión de delitos contra la administración pública.