Diputados opositores de Nicaragua presentaron un recurso de amparo contra una resolución del Tribunal Electoral que les despojó de su cargo sin un debido proceso, denunciaron los afectados.
Los 28 legisladores recurrieron al Tribunal de Apelaciones de Managua, al que presentaron un escrito para que esta instancia “invalide o suspenda un acto ilegal”, manifestó Carlos Langrand, uno de los legisladores destituidos.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) destituyó a los congresistas que no acataron las directrices del nuevo presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Pedro Reyes, nombrado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Hay una intromisión de un estado en otro. Fue un golpe a los diputados que fuimos electos por 800 mil votos” en los comicios de 2011, alegó Langrand.
El político opositor denunció irregularidades en la sentencia del CSE. “Fuimos destituidos sin que se agotara el debido proceso, no nos dieron oportunidad de defensa y ni siquiera hemos sido notificados de esa resolución” emitida el pasado 28 de julio, manifestó.
El excongresista por el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), aliado del PLI, Enrique Sáenz, acusó al presidente Daniel Ortega de estar tras las decisiones del CSE y el parlamento porque es él –aseguró– quien controla todos los poderes del Estado.
La oposición también asegura que el objetivo es debilitar a sus rivales de cara a las elecciones de noviembre.
“Tenemos que evidenciar que ellos [los magistrados y directivos del Congreso] no acatan las leyes, únicamente la voluntad de Ortega”, aseguró.
El Tribunal de Apelaciones dispondrá de 8 a 15 días para rechazar o aceptar la petición de los afectados o enviarla a la Sala Constitucional. Los diputados anunciaron que de no ser atendida su petición recurrirán a otras instancias políticas internacionales y de derechos humanos.
Langrand advirtió de que con la destitución de los diputados también se está poniendo en riesgo el sistema jurídico e institucional del país, ya que las leyes que se aprueben en estas condiciones podrían ser nulas. “Cualquier préstamo externo, acuerdo o tratado internacional que se apruebe por el actual Congreso podría ser desconocido posteriormente”, advirtió.