Un despacho en la Cámara de Diputados de Argentina se convirtió en un botín que se disputan los integrantes del gobierno de Mauricio Macri y los seguidores del hijo de la expresidenta Cristina Fernández.
El diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner afirmó ayer a Radio del Plata que es víctima de “una persecución por portación de apellido” y responsabilizó de ello al presidente de la cámara, el oficialista Emilio Monzó, quien clausuró el despacho que el hijo de Fernández tenía asignado en el tercer piso del Congreso.
Kirchner cuestionó además que el bloque que integra no fuera avisado de la decisión. “Si hubiera sido necesario y asistido la razón hubieran mandado la notificación antes de ingresar al despacho de un diputado nacional” para quitárselo, afirmó.
Por su parte, Monzó alegó ante periodistas que la decisión tomada es un derecho de la nueva presidencia de la cámara y obedece a la necesidad de redistribuir adecuadamente “los recursos físicos” de acuerdo con la nueva composición del Congreso, lo cual implica reubicar a legisladores.
En ese sentido cuestionó que el Frente para la Victoria ocupe totalmente el tercer piso como años atrás, cuando sumaba más de un centenar de diputados, al señalar que “hoy tiene 95 por lo tanto los metros cuadrados que se distribuyen son distintos”.
Monzó afirmó además que el despacho en cuestión fue ocupado presuntamente por miembros de la agrupación juvenil La Cámpora, que responde al hijo de la expresidenta (2007-2015) que “se quedaron a dormir” en el lugar.
“Las formas [de La Cámpora] siempre han sido las mismas, mucha prepotencia e imposición... no aceptaron el resultado electoral y el cambio de gobierno que ocurrió el año pasado”, agregó.
La puerta del despacho en disputa tiene una faja de clausura con una advertencia que reza: “Antes de abrir consulte en Dirección de Seguridad”.
La presidencia de la cámara baja emitió una resolución en la cual se establece que “la ocupación actual” de las oficinas “reviste carácter transitorio hasta que se resuelva su asignación” a través de la secretaría administrativa.
Las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado dieron además de baja centenares de contratos firmados por la anterior administración por considerarlos improcedentes.