La Procuraduría de República Dominicana anunció ayer que recibió de las autoridades de Brasil el expediente relativo a los millonarios sobornos pagados por la constructora Odebrecht a funcionarios locales y que tan pronto culminen el proceso de sistematización y análisis presentarán los cargos contra los involucrados.
“Habrá consecuencias, habrá nombres, habrá apellidos, pero sobre todo habrá sometimientos en los próximos días”, aseguró el procurador general, Jean Alain Rodríguez, en una rueda de prensa en la que no respondió preguntas, según la agencia de noticias AP.
El funcionario pidió paciencia al pueblo dominicano. En un video publicado por Listín Diario se escucha a Rodríguez expresar que la información recibida incluye cientos de archivos, documentos e informaciones que están siendo procesados desde su llegada al país por personal especializado del Ministerio Público.
“Cada uno de esos documentos va a ser público (...). incluyendo testimonios y pruebas documentales, para que cualquier dominicano con acceso a internet pueda verlos”, apuntó.
Explicó que por el volumen de información, el proceso de escaneo tomará unos días, pero se realizará a la mayor brevedad. “Desde ayer se trabaja sin descanso en la sistematización y cotejo de las informaciones, así como en la traducción de muchas de ellas para que puedan ser utilizadas en el caso”, lo que es “absolutamente necesario” y “obligatorio” para poder presentar ante la justicia un expediente sólido, adujo.
En Dominicana, el monto total de los 17 contratos suscritos por la empresa representa el 7% del PIB local, y la compañía pagó $92 millones para asegurarse obras de infraestructura como autopistas y el proyecto emblemático de la actual administración: una planta termoeléctrica de carbón de unos $2 mil millones.
República Dominicana es el primer país que recibe el expediente de la investigación como parte de un acuerdo, según el cual el Gobierno renuncia a procesar a los ejecutivos de la compañía a cambio del pago de una multa de $184 millones e información que permita presentar cargos contra funcionarios locales.