Ángelo Capriotti, el antiguo jefe de Mauro Velocci en la empresa Svemark –que debía construir cárceles modulares en Panamá– será juzgado en la Cuarta Sección del Tribunal de Roma, acusado de bancarrota fraudulenta, el próximo 4 de diciembre.
El proceso se celebrará sin pasar por la audiencia preliminar, ya que el fiscal Stefano Rocco Fava tiene pruebas para ir directo a juicio. El abogado del imputado Luigi Petrillo dijo a La Prensa que aceptó este decreto judicial porque su cliente “desea ser procesado cuanto antes”, ya que, en su opinión, “la imputación no se sostiene”.
Pero el fiscal está convencido de que la riqueza de Capriotti viene de años de criminalidad y corrupción, y por ello ordenó embargar su patrimonio: unos $75 millones.
Capriotti, el principal testigo que usó el expresidente Ricardo Martinelli para exculpar a su hijo mayor de la supuesta compra de un helicóptero como parte de una coima para su padre, está en arresto domiciliario desde el mes de agosto.
Las autoridades italianas tienen en su poder una grabación –hecha el 12 de febrero de 2011– de una conversación entre Valter Lavítola y Ricardo Rica Martinelli Linares –hijo del expresidente Martinelli– en la que se habla de la compra de un lujoso helicóptero, tapizado en piel Hermés, para el exgobernante, valorado en $8 millones.
Lavítola confirmó en un interrogatorio ante los fiscales de Nápoles, el 18 de abril de 2012, que “eso del helicóptero fue pedido...”. El abogado de Capriotti sostiene que su cliente sigue manteniendo su versión de que la conversación fue “una trampa para extorsionar a Martinelli”.
Petrillo recibió a La Prensa en su amplio estudio legal, situado en la orilla derecha del río Tíber, castillo de Sant Angelo, donde también se ha abordado el caso Svemark.
El fiscal adjunto del Tribunal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, y su colega Henry John Woodcok, cerraron el sumario del supuesto desvío de $20 millones en coimas para el expresidente Martinelli, por adjudicar a Svemark la construcción de cárceles modulares, y otros $26 millones en sobreprecios. La Fiscalía ha recabado pruebas para pedir un juicio por corrupción internacional por la adjudicación de este contrato, valorado en $176 millones.
Capriotti no ha recibido el decreto del cierre de la investigación de la Fiscalía de Nápoles. El informe de conclusiones finales no es público ni tampoco la identidad de los que serán imputados en este nuevo caso por corrupción internacional en Panamá.
Según la defensa de Capriotti, fueron “Mauro Velocci y Lavítola los que trataron la gestión de las cárceles”, y por tanto la justicia deberá “determinar sus responsabilidades”.
El pasado 9 de abril, Capriotti reveló a los investigadores detalles sobre supuestos pagos de coimas, a través de Devor Diagnostic, S.A., empresa de Rogelio Oruña de la que “Martinelli era socio oculto”, según los fiscales.
Capriotti reconoció haber escuchado una conversación del embajador de Italia en Panamá, Giancarlo Curcio, y Velocci sobre “la explícita exigencia de $22 millones por parte de Martinelli como coima por la construcción de las cárceles modulares”.