El pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche en segundo debate el segundo bloque del proyecto de reformas al Código Electoral relativo a las encuestas y estudios de opinión y los debates televisivos.
Tras cerca de dos horas de debate y un extenso receso en el que los diputados se pusieron de acuerdo para reajustar y presentar modificaciones, el pleno aprobó establecer un nuevo límite de fecha para que las encuestadoras puedan publicar sus estudios de opinión.
En tal sentido, se aprobó un artículo que establece que las encuestas no podrán ni publicarse ni divulgarse dentro de los 20 días calendario anteriores a las elecciones.
El Código Electoral actual establece una fecha tope de 10 días antes de las elecciones para publicar y divulgar encuestas.
También se aprobó un artículo para que, a petición de parte y siguiendo con el debido proceso, se sancione a las personas naturales y jurídicas que elaboren encuestas de opinión manipuladas o alteradas.
En este sentido, en caso de reincidencia, se inhabilitará a las personas para elaborar sondeos de opinión en el siguiente torneo electoral.
Con relación a los dos debates televisivos que establecía originalmente el proyecto para los aspirantes presidenciales y organizado por el Tribunal Electoral (TE), se mantuvo este artículo, pero también se facultó al TE a realizar debates para todos los cargos de elección popular en las distintas circunscripciones electorales.
A su vez, los electores de las distintas circunscripciones podrán organizar y promover estos debates, los cuales serán organizados por el TE.
DEBATES DEL SEGUNDO BLOQUE
El debate se inició con la intervención del diputado panameñista Gabriel Soto, quien sugirió que se le exija a las encuestadoras rigor científico a la hora de hacer su trabajo.
Afirmó que, en los últimos años, se han dado y publicado estudios de opinión que han reflejado el interés de las encuestadoras y no la realidad o la intención de voto de los electores.
“La intención de ciertas encuestadoras ha sido incidir de manera directa y abierta sobre la opinión pública. Cualquier empresa que haga sus encuestas debe hacerlas científicamente y utilizando tecnologías ya existentes, y no con metodologías no claras, sin profundizar en el estudio científico”, dijo.
Su copartidario panameñista, el diputado Luis Barría, coincidió con Soto y pidió establecer en el Código Electoral sanciones para las encuestadoras que “manipulen la información”.
Dijo que los panameñistas han sido víctimas de “distorsiones” de encuestadoras. Mencionó el caso de Mireya Moscoso, que en 1994 quedó de segunda en las elecciones cuando la mayoría de las encuestadoras no le daban oportunidad. Igual, dijo, pasó en 1999 cuando ganó las elecciones contra los pronósticos de la mayoría de las encuestas. Asimismo, puso como ejemplo las elecciones de 2014 cuando Juan Carlos Varela se impuso, pese a que pocos estudios de opinión lo previeron.
Dijo que hay que buscar formas para “castigar” a las encuestadoras, incluso, mencionó la posibilidad de que este asunto sea un delito.
Barría no cree que el electorado pueda cambiar de opinión en las últimas semanas de la elección o que la gente le mienta al encuestador por diversas razones.
Osman Valdés, director de Organización Electoral, indicó que con el actual código el TE no tiene herramientas legales para sancionar a las encuestadoras.
Dijo que este es un tema muy delicado, toda vez que el TE no quiere entrar a analizar la calidad del trabajo de estas empresas. “La calificación que el ciudadano hace, en la actualidad, es creer o no en esas encuestas”.
DEBATE TELEVISADO
Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez se refirió a los debates televisivos.
Propuso que adicional a los debates presidenciales, el TE organice debates para candidatos a diputados, aunque no sean televisados. Esto buscaría subir el nivel de la propuesta electoral.
La diputada Zulay Rodríguez, en clara alusión a la diputada Gómez, cuestionó que en el Código Electoral no se le exija que rinda cuentas a una independiente que recibió cerca de 400 mil dólares de subsidio estatal poselectoral.
Al respecto, Osman Valdés manifestó que en el proyecto de reformas hay un cambio para que los candidatos independientes deban presentar sus sustentaciones de gastos en que han incurrido en la campaña, con el fin de poder recibir ese financiamiento poselectoral.