Un policía filipino retirado reveló ayer que en su época como alcalde, el ahora presidente del país, Rodrigo Duterte, ordenó y pagó a él y a otros miembros de un llamado escuadrón de liquidación para matar a delincuentes y opositores, incluyendo un sospechoso de secuestro y toda su familia, y a un periodista de radio crítico.
Los abogados de derechos humanos que presentaron a Arthur Lascanas en una conferencia de prensa señalaron que sus acusaciones podrían ser la base para un juicio político a Duterte. Ni el presidente ni su oficina realizaron comentarios de inmediato.
El senador Antonio Trillanes IV, quien ayudó a los letrados del Free Legal Assistance Group con la rueda de prensa de Lascanas en el Senado, dijo que pedirá a sus compañeros que sus explosivas acusaciones sean investigadas de inmediato.
El secretario de comunicación de Duterte, Martin Andanar, calificó las afirmaciones de “trabajo de demolición” de personas no especificadas afectadas por las reformas del presidente y que buscan alejarlo del poder. No respondió a las detalladas acusaciones del exagente.
“La conferencia de prensa del sicario confeso Arthur Lascanas forma parte de un prolongado drama político destinado a destruir al presidente y a derrocar a su administración”, apuntó Andanar sin ofrecer más detalles ni pruebas.
Duterte ha negado que su gobierno respalde asesinatos ilegales de sospechosos en su letal ofensiva contra el narcotráfico, en la que se cree que fallecieron más de 7 mil personas, la mayoría consumidores y traficantes a pequeña escala, desde su llegada al poder el pasado junio.
Esta iniciativa es una ampliación de la que ofensiva antidroga que ya lideraba durante su larga estancia al frente de la alcaldía de Davao, en el sur del país, y alarmó a Estados Unidos, a Gobiernos occidentales y a responsables de derechos de Naciones Unidas.
En muchos discursos públicos, Duterte ha pedido a los policías que se defiendan si los sospechosos de narcotráfico responden y amenazó abiertamente a los capos de la droga con la muerte.
Lascanas negó el año pasado ante una comisión del Senado su participación en cualquier ejecución extrajudicial que pudiese haber tomado lugar en la localidad filipina de Davao.