Las fuerzas armadas estadounidenses y la agencia de inteligencia CIA habrían cometido crímenes de guerra en Afganistán en 2003-2004, sobre todo tortura y trato cruel, afirmó ayer la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Existe una base razonable que permite creer que, durante el interrogatorio de estos detenidos, miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de la CIA recurrieron a métodos constitutivos de crímenes de guerra”, afirmó Fatou Bensouda en un informe sobre sus exámenes preliminares, la etapa previa al inicio de una investigación.
La fiscal tiene que decidir “de forma inminente” si pedirá o no a los jueces la autorización para abrir una investigación sobre estos supuestos crímenes, cometidos por las fuerzas armadas y la CIA, pero también por los talibanes y las fuerzas gubernamentales afganas.
Según los elementos de que dispone, la fiscal estima que miembros de las fuerzas armadas habrían infligido a “al menos a 61 detenidos actos de tortura, trato cruel, ofensa a la dignidad de la persona en territorio afgano”.
Así mismo, miembros de la CIA “habrían infligido a al menos 27 detenidos” estos mismos actos en Afganistán y en otros países miembros de la CPI, como Polonia, Rumania o Lituania.
Estas alegaciones “no solo conciernen a algunos casos aislados”, asegura la fiscal.
Según Bensouda, existen motivos razonables para creer que estos crímenes “fueron cometidos para aplicar una o varias políticas con el objetivo de obtener informaciones mediante técnicas de interrogatorios basadas en métodos crueles o violentos para servir a los objetivos estadounidenses en el conflicto en Afganistán”.
Los talibanes habrían cometido por su parte crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y la Policía afgana y sus servicios de información habrían utilizado métodos de tortura, añade el informe.
Kabul, que no ratificó el Estatuto de Roma, tratado fundador de la CPI, reconoció sin embargo la competencia del tribunal en febrero de 2003, autorizándolo a investigar los crímenes cometidos a partir de mayo de ese mismo año.
Pero es poco probable que soldados estadounidenses sean objeto de encausamiento, ya que Washington no ratificó este estatuto fundador.