Un grupo de estados estadounidenses demandó al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación que busca negar la ciudadanía y la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales.
Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.
“Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso”, dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de “carga pública”, afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios.
“La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado ‘países de mierda”, afirma.
El término “carga pública” suele definir a quien depende principalmente del gobierno.
El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense.
Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social.
“Para proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes”, dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca.
Los nuevos estándares se aplicarán a partir del 15 de octubre.
“Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda.
“Eso es simplemente inaceptable”, agregó. “Lucharemos contra esta regla ilegal”.