Estados Unidos (EU) pidió ayer a dos diplomáticos cubanos acreditados ante la ONU que abandonen el país de forma “inminente”, tras acusarlos de participar en “actividades perjudiciales para los intereses nacionales”, una decisión que La Habana tildó de “injustificada”.
“El Departamento de Estado notificó hoy al Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores que EU exige la salida inminente de dos miembros de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU por abusar de los privilegios de su residencia”, dijo en un comunicado la diplomacia estadounidense.
La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo en un tuit, que después fue borrado, que los diplomáticos participaron en “actividades perjudiciales para los intereses nacionales de Estados Unidos”.
El Departamento de Estado también pidió al resto de los diplomáticos de la misión cubana que permanecieran en la isla de Manhattan, en Nueva York, donde está la sede de la ONU.
La misión permanente de Cuba ante la ONU está compuesta por 16 funcionarios.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó la decisión, que calificó como “injustificada” y señaló que “la imputación de que realizaron actos incompatibles con status diplomático” es una calumnia.
EU y Cuba tuvieron un histórico acercamiento entre 2014 y 2016, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas –rotas tras el triunfo de la revolución en 1959–, durante el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama.
Pero con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en 2017, los lazos volvieron a congelarse.
“Vamos a seguir investigando a cualquier otro funcionario que haya estado manipulando los privilegios de su residencia”, acotó el Departamento de Estado.
En el centro del deterioro de las relaciones figura el apoyo de Cuba al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que EU busca atajar con sanciones.
Entre las sanciones estadounidenses impuestas este año a Cuba figuran la prohibición de los viajes de crucero, la limitación de las remesas familiares y la activación del título III de la ley Helm-Burton, que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que administren bienes que fueron nacionalizados por la revolución cubana.