El nuevo Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, eligió ayer a sus autoridades principales a 10 días de la investidura del presidente electo Lenín Moreno.
Los asambleístas del partido de gobierno Alianza País (AP), José Serrano, Viviana Bonilla y Carlos Bergman, quedaron al frente del Legislativo para el periodo 2017-2021.
Serrano fue elegido presidente de la Asamblea Nacional -el Congreso unicameral ecuatoriano- con 77 votos a favor, 31 en contra, 2 blancos y 26 abstenciones.
Serrano, exministro del Interior del gobierno del presidente saliente Rafael Correa, propuso “la consolidación de un bloque democrático que garantice la gobernabilidad” en el país. Además, pidió“entender a la Asamblea como un espacio de diálogo que tiende puentes con todos los sectores”.
El oficialismo tiene 74 de las 137 curules de la Asamblea Nacional, lo cual le asegura la mayoría absoluta, pero no le da los dos tercios del Congreso que le permitían, por ejemplo, reformar la Constitución, como ocurrió en 2015 cuando aprobó la reelección indefinida.
Analistas consideran que la mayoría de AP es frágil, pues una veintena de diputados pertenece a movimientos políticos locales que se aliaron a AP.
Serrano agregó que su trabajo en el Legislativo también se enfocará en la fiscalización, la lucha contra la corrupción y el combate a la violencia de género y al tráfico de drogas.
Los asambleístas de oposición en sus discursos aceptaron la propuesta de abrir el diálogo en el Congreso, pero aseguraron que buscarán cambios en polémicas leyes.
“Pediremos una reforma integral desde esta bancada a la Ley de Comunicación, que se ha convertido en una camisa de fuerza no solo de los periodistas y comunicadores sociales, sino de aquellos que pensamos diferente”, dijo el asambleísta Guillermo Celi, del movimiento Creo (derecha).
De su lado, Fernando Callejas (Creo) pidió revisar “esa última ley que ha sido aprobada a saltos y a brincos, y que pretende crear en el Ecuador una fuerza civil armada a igualdad de lo que sucede en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua”, por considerar que “será una grave amenaza para la democracia”. Sin embargo, el presidente Correa explicó el sábado que el Servicio de Protección Pública, que dependerá del Ministerio del Interior, se trata de un “cuerpo especializado” similar al servicio secreto de Estados Unidos.