El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó ayer el proyecto de ley 292, que reforma el Código Electoral.
Lo hizo en un acto en el salón Padre Fernando Guardia Jaén, ubicado en el nuevo edificio de la Cancillería, en el que asistieron los magistrados del Tribunal Electoral (TE), el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, entre otros.
El acto ocurrió luego de dos meses de que la Asamblea aprobara en tercer debate -el 18 de abril pasado- el paquete de reformas que contienen las reglas del juego para las elecciones de mayo de 2019.
“Con las reformas enunciadas y otra docena de cambios estamos apostando al fortalecimiento del sistema electoral, tomando en cuenta las debilidades que se reflejaron en las últimas elecciones, transformándolas en una lección positiva”, destacó el mandatario.
Para Varela, con estas modificaciones los próximos comicios “serán más transparentes y justos para todos”.
Sin embargo, hizo la salvedad de que se debe considerar, para un próximo debate, proponer topes al gasto de campaña para que sean más bajos, sancionar “más severamente” a quienes incumplan con las normas de transparencia, así como ampliar la participación de las mujeres para puestos de elección popular.
“Aprovecho la oportunidad para proponer a todos los partidos políticos que la aprobación de este primer paquete de reformas electorales no impida que sigamos tratando de mejorar nuestro sistema electoral, a través de la discusión sana y de altura”, añadió.
LOS CAMBIOS
Entre los temas introducidos en la norma figuran los topes al gasto de campaña. Se estableció un límite de $5 por elector. Los representantes podrán gastar hasta $10 mil; los alcaldes, hasta $15 mil; mientras que los diputados, hasta $300 mil.
Mientras que para presidente de la República se fijó un tope de $10 millones y para diputado al Parlamento Centroamericano, $10 mil.
Las nóminas presidenciales solo podrán costear su propaganda con el financiamiento público. Los candidatos a los demás cargos, además del financiamiento público que les asignen sus partidos, podrán invertir en propaganda hasta el 30% del tope de gastos, que podrán financiar con recursos propios o de terceros.
Se estableció que un candidato puede postularse a varios puestos de elección, pero si resultase electo en más de uno debe anunciar en cuál se queda. De no ser así, el TE le entregaría la credencial en el cargo de mayor representatividad.
Con respecto al monto que pueden recibir los candidatos de un solo donante, los diputados aprobaron 3% para presidente y 25% para todos los demás cargos de elección. Todos los que quieran postularse a un puesto de elección deberán rendir informes de sus ingresos y gastos, y el origen de sus contribuciones será público.
También se aprobó que solo se podrá hacer campaña 60 días antes de las elecciones generales y 45 antes de las primarias. Además, se propuso prohibir la publicidad estatal desde 6 meses antes de las elecciones.
En relación con este último punto, el magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz manifestó ayer, durante el acto de sanción, que se está trabajando en un borrador de decreto para regular “de manera más específica” los temas de campaña y propaganda electoral.
“Esta nueva ley establece prohibiciones en lo que se refiere a propaganda electoral. Será objeto de remoción aquella propaganda que se divulgue antes de los tiempos establecidos por parte de aspirantes a candidato, precandidatos o partidos políticos […] estamos trabajando en el borrador de decreto y también antes de hacerlo público nos reuniremos con el Consejo Nacional de Partidos para intercambiar opiniones sobre este documento”, agregó.
El magistrado del TE reiteró que para el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que se iniciará el próximo 1 de julio, presentarán un nuevo proyecto de ley para mejorar algunos “vacíos” que tiene el documento. Los magistrados pretenden, principalmente, reducir el tope de gasto fijado por la Asamblea en $300 mil para los diputados, ya que, a su juicio, “es muy elevado”.
Así mismo, intentarán eliminar la diferencia en los límites para la precampaña entre los candidatos por libre postulación y los pertenecientes a partidos políticos, alegando que “son inequitativos”.
También solicitarán eliminar la posibilidad de que funcionarios que corren para puestos de elección participen en la inauguración de obras públicas. Ello debido a que sus adversarios no lo pueden hacer, lo cual, aseguran, es una “evidente inequidad en la competencia electoral”.
Aprobar normas en materia de género para dar más oportunidad a las mujeres será otra de las propuestas.
Las consultas a las reformas electorales comenzaron en enero de 2015, día en que se instaló la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Sin embargo, fue después de un año, el 18 de enero de 2016, que el proyecto llegó al Órgano Legislativo de manos del entonces magistrado presidente del TE Erasmo Pinilla.