El ministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux, presentó ayer a la Asamblea el proyecto para restablecer la vigencia de la Ley 2 del 16 de mayo de 1994, que aprueba el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroameriano (Parlacen) y la Ley 4 del 27 de enero de 2005, relativa a este organismo, derogadas por la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009, aprobada por la Asamblea a solicitud del mandatario, Ricardo Martinelli.
Durante su período de campaña política, Martinelli prometió sacar a Panamá del Parlacen con el argumento de que este organismo era “una cueva de ladrones”.
Para el diputado opositor Jorge Alberto Rosas, la propuesta busca proteger al mandatario.
“Eso es parte del zigzagueo de Cambio Democrático, que primero derogó la ley y ahora quiere restablecerla. No es conveniente para el país formar parte de un organismo inocuo, que lo único que busca es darle protección al Presidente de la República cuando salga de su administración”, afirmó.
Recordó que después de 2014, cuando el Presidente sea un diputado más del Parlacen –como lo establece la ley– tendría que ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, en donde existe una mayoría de magistrados nombrados por el gobernante.
En tanto, el diputado panameñista José Luis Varela precisó que Martinelli está buscando protección para personas allegadas al gobierno”.
“Ellos saben que están perdidos y van a abrir en el Parlacen cuatro o cinco puestos para personas que saben que han cometido actos que no han sido los mejores”, destacó.
Por su parte, el ministro Roux justificó la presentación de la iniciativa al explicar que se da en cumplimiento del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009.
Blindaje
Además de tener la prerrogativa de no ser investigados por el sistema ordinario de justicia, los diputados del Parlacen, al igual que los de la Asamblea Nacional, están blindados con un mecanismo especial en cualquier proceso de investigación en su contra.
Se trata de la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012, que revive el requisito de la prueba sumaria por parte del demandante para que se admita un proceso contra un diputado.
También fija un período de dos meses para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir las investigaciones contra un diputado, de lo contrario, se extingue la acción penal.