De forma excepcional, a través de un contrato-ley, se reactivará la explotación de oro en la otrora mina Santa Rosa, en Veraguas.
Se trata de un contrato-ley que debe aprobar la Asamblea Nacional a favor de Vera Gold Corp., cuyo directivo, hasta septiembre pasado, fue Navin Bhakta que mantiene una estrecha relación con el presidente, Ricardo Martinelli.
Bhakta fue beneficiado con generosos contratos directos en este gobierno. Además de la exploración de la mina, es dignatario de proyectos hidroeléctricos con empleados y familiares del gobernante, y es parte del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores.
Este tipo de concesión por ley sirve para proteger a la empresa, y el Estado pasa de supervisor a ser igual ante la compañía, advierten juristas.
“Se blinda a la empresa frente a un cambio de gobierno. El que entra está amarrado y constreñido a esta ley”, dijo el abogado Antonio Chang, del Centro de Incidencia Ambiental.
Este sería el segundo contrato-ley para la extracción minera. El primero es el contrato-ley 9 de 1997, de minera Petaquilla, una concesión cuestionada por lo controvertido de su gestión.
Esta administración solo ha otorgado dos contratos-ley con empresas privadas: en junio pasado, para United Crown Construction Inc., y para Panamá Colón Port, a fin de operar un patio de contenedores en isla Margarita, en Colón.
En los cuatro gobiernos previos al actual se crearon nueve contratos-ley de empresas que dan servicio al Estado.
“No es equitativo ni igualitario porque a todas las empresas que inviertan se les debe dar la misma condición; todos somos iguales ante la ley”, dijo el abogado ambientalista Juan Sevillano.
El ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, admitió que se le concederá una ley porque la empresa lo pidió. ¿Por qué no va a tener un contrato-ley?”, preguntó, si las mineras como Petaquilla y Minera Panamá trabajan con el contrato-ley 9.
Y esto, dice el funcionario es un trato similar. “Le da seguridad a la inversión, si queremos tener inversiones buenas... Si no, vienen con cualquier recursito y lo cierran”, dijo, al comentar que es una inversión de más de $50 millones.
Pero hay empresas que han invertido sumas mayores y no tienen un contrato-ley. Es el caso de AES Panamá, con más de $500 millones en la hidroeléctrica de Changuinola, Bocas del Toro. Su inversión está amparada solo por una concesión administrativa.
Al consultarle si influía la amistad que Bhakta mantiene con Martinelli, respondió: “Sé seria... no se está tomando en cuenta quiénes son los accionistas”.
“Las empresas pueden cambiar de accionistas y directivos... lo importante es que la empresa está haciendo inversiones, que actúe con seriedad y por eso consideramos que tienen derecho a un contrato-ley”, dijo notablemente disgustado.