El Ministerio de Ambiente se ha impuesto el reto de lograr, en un periodo de 16 meses, la elaboración de los planes de manejo ambiental de las 98 áreas protegidas del país que no cuentan con uno. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil que defienden los recursos naturales han denunciado que estas zonas son susceptibles de ser dañadas.
IMPULSAN CUIDADO DE ÁREAS PROTEGIDAS
El Ministerio de Ambiente trabaja en una estrategia que permita establecer los planes de manejo del 100% de las áreas protegidas del país antes de que culmine esta gestión de gobierno.
Datos de la entidad indican que de las 121 áreas protegidas existentes, solo 23 cuentan con un plan de manejo que permite establecer las reglas sobre lo que se puede o no hacer en un refugio natural.
Emilio Sempris, ministro de Ambiente, dijo que el 40% del territorio nacional está protegido y que tiene como meta que cuando termine su gestión, en julio de 2019, el 100% de las áreas protegidas cuenten con planes de manejo.
Aunque el ministro no precisó la metodología de trabajo ni el presupuesto que se requerirá para cumplir esta meta, señaló que ya se están dando los primeros pasos.
Informó que desde el pasado 19 de febrero, Cristian Hayer, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, entró a trabajar en ese ministerio como asesor de seguridad de áreas protegidas, con el propósito de impulsar un ecoturismo seguro.
La iniciativa ha sido bien recibida por representantes de la sociedad civil organizada, entre ellos el historiador ambiental Guillermo Castro, quien expresó que es una realidad que las zonas protegidas del país están siendo amenazadas por los desarrolladores inmobiliarios, la ganadería, hidroeléctricas y proyectos mineros, entre otros.
Mencionó como ejemplo el humedal laguna Matusaragatí, en la provincia de Darién, que ha sido devastado por la tala ilegal y los incendios. Igualmente citó el caso del área protegida de Donoso, que además de ser víctima de minería y deforestación, estuvo en el centro de la polémica por una propuesta de ley que habría permitido proyectos turísticos.
Susana Serracín, miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, manifestó que esta es una “deuda histórica” que se tiene con las áreas protegidas del país y que no se puede seguir postergando.
Ambos coincidieron en que para hacer exitoso el proyecto, este deberá tener un enfoque participativo e inclusivo.