Las elecciones presidenciales en Venezuela se fijarían para el segundo semestre de este año, según un borrador del acuerdo propuesto a gobierno y oposición por los cancilleres facilitadores del diálogo, y en el que figura la conformación del poder electoral como tema de divergencia.
“Las elecciones presidenciales se celebrarán en el segundo semestre” de 2018, se lee en la primera página del texto que Jorge Rodríguez, principal negociador del gobierno de Nicolás Maduro, exhibió ante cámaras de prensa en Santo Domingo, sede de las negociaciones.
El funcionario no se refirió en su declaración al contenido del documento, que tiene fecha del 2 de diciembre, un día después del inicio de las conversaciones. Pero aseguró: “Este es el borrador del acuerdo y lo hemos venido trabajando ardua y profundamente”.
Rodríguez rechazó la decisión de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de ausentarse de las reuniones previstas este jueves y viernes.
Los delegados del gobierno sí viajaron a Dominicana y se reunieron con algunos de los facilitadores del diálogo, que buscan una nueva fecha.
El acuerdo, de aprobarse en una reanudación de los contactos, descartaría el escenario planteado por analistas y opositores de un adelanto de las elecciones presidenciales -previstas para fin de año- al primer semestre, buscando aprovechar divisiones en la MUD.
Al mencionar las medidas que regirán los comicios -en los cuales Maduro aspirará a la reelección-, el documento propone “la integración de un nuevo Consejo Nacional Electoral, a más tardar en enero de 2018 (...) con cinco rectores, dos nombrados por el gobierno, dos por la oposición, y uno de común acuerdo”.
Sin embargo, en las anotaciones del texto mostrado por Rodríguez se lee una contrapropuesta: “Designación de los dos rectores con el período vencido, de común acuerdo”.
La MUD acusa a cuatro de los cinco rectores del poder electoral de servir al gobierno y de haber permitido procesos fraudulentos en los últimos comicios de gobernadores, alcaldes y de la Asamblea Nacional Constituyente.
Es “un acuerdo que incluye garantías electorales amplias (...). Entre esas no solo están incluidas los elementos de seguridad de nuestro sistema electoral (...), sino la presencia de una observación electoral internacional amplia”, afirmó Rodríguez.