El Ejecutivo propondrá nuevas reformas al proyecto de ley 119 que reorganiza las notarías públicas en Panamá para sustituir la “carrera notarial”, originalmente propuesta en la iniciativa, por un curso de formación notarial, entre otros cambios.
La diferencia entre ambas radica en que la primera estaba pensada en una carrera universitaria, mientras que ahora solo se hará un curso certificado, que no excedería un plazo de más de tres años. La carrera notarial se cambió por un curso notarial, ante las quejas de los notarios, debido a que las carreras universitarias tienen un periodo más extendido de estudios.
El viceministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, explicó que se está proponiendo que “los notarios requieren aprobar un examen final de un curso de formación notarial creado y dirigido por la Dirección de Notarías, instancia que debe ser creada por la nueva ley y adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob).
La propuesta, que es analizada por la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República, será presentada hoy a los 21 notarios del país.
En la actualidad, los notarios deben ser abogados. En los distritos de Panamá y Colón, requieren los mismos requisitos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para ostentar el cargo, mas no así en el resto del país.
El proyecto 119, que fue presentado en octubre de 2014 por el entonces titular de Gobierno, Milton Henríquez, contemplaba en su exposición de motivos que “El Estado se compromete a desarrollar la carrera notarial en conjunto con las universidades públicas y privadas reconocidas, estableciendo hacia el futuro la formación en Derecho Notarial como requisito obligatorio para poder ostentar el cargo público de notario; así mismo se tendrá el período de un año, luego de establecida la carrera en una universidad pública o privada reconocida, para obtener el título y de esta manera, poder seguir ejerciendo como tal”.
OTROS CAMBIOS
Rubio también manifestó que las notarías se convertirán en agencias reportadoras de operaciones sospechosas, cooperando con el Estado para hacer frente a la prevención de blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiamiento de terrorismo. Es decir, informarán a las autoridades de cualquier sospecha de delito.
Otro de los cambios es que la contabilidad de los ingresos y egresos generados de las notarías será pública, cosa que actualmente se desconoce.
En cuanto al tema de los sellos, el viceministro indicó que establecerán un solo sello por notario, es decir, una vez concluida la función del notario el sello es excluido y el papel sería distribuido a través de las gobernaciones que están adscritas al Mingob para tener una secuencia de todos esos papeles, que estarían completamente enumerados. De esa forma se busca tener un orden, no solo en los negocios que se estén dando, sino cuando un notario reemplaza a otro. “Esto es fundamental para establecer orden en el procedimiento que se lleva a cabo en las notarías”, acotó el viceministro.
Dentro de las propuestas se deja la planteada en el proyecto 119 sobre el sistema de automatización digital de almacenamiento, de los instrumentos protocolares, escrituras públicas, archivos públicos y privados, con la finalidad de “lograr tener orden en los procedimientos que actualmente rigen en los negocios jurídicos que se tramitan en las notarías”, dijo Rubio.
A su vez, manifestó, sin precisar mayores detalles, que para evitar la competencia desleal entre los mismos notarios, se va a poner una tarifa de honorarios que rija a la gran mayoría para que exista uniformidad en los cobros.
En el proyecto 119, se establece que es obligatoria para las notarías tributar mensualmente: “a). treinta por ciento (30%) a favor del Tesoro Nacional y, b). El setenta por ciento (70%) para el Notario Público, del cual deberá sufragar los gastos operacionales y salarios de su personal y los impuestos que se generen de acuerdo a los ingresos recabados, según lo establecido en nuestro Código Fiscal”. No obstante, con la nueva propuesta esto podría cambiar.
NUEVAS NOTARÍAS
El viceministro Rubio no descarta que se aumente la cantidad de notarías con la iniciativa. En ese sentido manifestó que hay ocasiones en que el notario se enferma y se paralizan los trámites. Mientras que en otros casos, explicó, que las notarías están distantes de las personas, lo que monopoliza todo.
Las nuevas reformas establecen que una vez aprobada, la ley empezaría a regir 12 meses después de su promulgación y no tres meses como indica el proyecto 119.
La Comisión de Gobierno, que dirige el diputado perredista Quibián Panay, se encuentra a la espera de las nuevas propuestas para iniciar el debate del proyecto de ley 119, que llegó a la Asamblea en 2014.