La justicia peruana embargó bienes por hasta 25 millones de soles (7.7 millones de dólares) a nueve personas investigadas por corrupción en relación con los casos de la brasileña Odebrecht, entre ellas el expresidente Alejandro Toledo, dijo el jueves el Gobierno.
El embargo fue ejecutado para garantizar el pago de una futura reparación civil a favor del Estado, dijo la Procuraduría local que investiga los casos de corrupción de Odebrecht.
Sobre el exmandatario Toledo, a quien le embargaron cuatro vehículos por 31 mil dólares, pesa una orden de captura para comenzar un proceso de extradición desde Estados Unidos.
Toledo gobernó el país andino entre 2001 y 2006. La justicia embargó asimismo tres vehículos y cuatro inmuebles del exgerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por casi un millón de dólares.
Toledo y Barata son investigados por delitos de lavado de activos o tráfico de influencias en la construcción de un sistema de transporte por tren en Lima y una carretera binacional en el sur del país.
Además, se embargaron 13 inmuebles y 2 vehículos de la exrepresentante del proyecto Gasoducto Sur Peruano, Claudia Hokama, por casi 5 millones de dólares, dijo la Procuraduría.
Representantes de las personas involucradas en el embargo no estuvieron disponibles para realizar comentarios sobre el tema.
El caso de sobornos de Odebrecht ha salpicado también a los expresidentes Ollanta Humala y Alan García. Humala es acusado de recibir 3 millones de dólares para financiar su campaña electoral en 2011; y García es investigado por presunta corrupción en la construcción del primer metro para Lima.
GOLPE A LAVA JATO
Entre tanto, en Brasil, la Policía Federal anunció que disolverá un grupo especial asignado a una importante pesquisa anticorrupción, lo que suscitó críticas de los fiscales de que la medida socavaría las investigaciones.
La investigación conocida como operación Lava Jato es la pesquisa más grande contra actos de corrupción en Brasil.
La investigación ha derivado en el encarcelamiento de altos políticos y ejecutivos empresariales, así como en acusaciones contra el presidente Michel Temer. Los agentes de la fuerza especial con sede en la ciudad sudoriental de Curitiba serán integrados a una división ya existente.