La Secretaría de Metas de la Presidencia asumió la “administración y gestión” del contrato que firmó en 2015 el Instituto Nacional de Cultura (INAC) con el Consorcio La Antigua para restaurar la Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá, en San Felipe.
La información fue suministrada por el secretario de Metas, Jorge González, quien indicó que la decisión fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Gabinete, porque el INAC no tiene el “personal técnico” suficiente para hacerse cargo de una obra de este tipo.
“Se sometió a Consejo de Gabinete y a la junta directiva del INAC, y ahora se están llevando a cabo los trámites administrativos para que el proceso cumpla con las normas”, puntualizó.
González detalló que esto implicará que los fondos asignados al instituto para la obra en el presupuesto de 2017 sean traspasados a la Secretaría de Metas por medio de un traslado de partida.
El INAC adjudicó al Consorcio La Antigua los trabajos de diseño, desarrollo de planos, acondicionamiento y restauración de este templo religioso, específicamente en septiembre de 2015.
El grupo ganador español Consorcio La Antigua –conformado por las compañías Condisa, Construcciones Zubillaga, S.A. y Ortiz Construcciones– presentó una oferta de 12 millones 186 mil 251 dólares y obtuvo un puntaje de 91.9 de 100, durante el proceso de evaluación.
No obstante, el secretario de Metas indicó que se apoyarán con el INAC en materia de patrimonio histórico, debido a que se trata de una estructura que está dentro del conjunto monumental Panamá Viejo-Casco Antiguo, el cual es patrimonio mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
“En la Secretaría de Metas hay un equipo de ingenieros y arquitectos con mucha experiencia, que garantizará que la empresa constructora cumpla con lo estipulado en el contrato. Esto va a permitir darle mayor agilidad a la obra, y que terminemos a más tardar en el segundo semestre de 2018, para que esté preparada para recibir a la Jornada Mundial de la Juventud”, precisó el funcionario de la Presidencia.
PULSEO EN CONSORCIO
Por otra parte, González confirmó que hay diferencias de carácter económico entre las empresas que integran el consorcio, aunque no cree que eso afecte el cronograma de trabajo.
“La diferencia que ellos tienen es en los valores de algunos trabajos que Zubillaga realizó como subcontratista de Ortiz. Nosotros, como Gobierno, estamos exigiendo que resuelvan su situación y que en ningún momento esto afecte los avances de la obra”, sostuvo.
Detalló que la semana pasada se reunió con el grupo Ortiz y también citó a Construcciones Zubillaga. Incluso, dijo que solicitaron a la Embajada de España en Panamá que intervenga en la negociación que llevan a cabo ambas empresas.
“Estamos exigiendo los avances de la obra a tiempo, como debe ser. Los trabajos se mantienen según el cronograma fijado, ya que hice una inspección en el sitio la semana pasada”, concluyó.
Se consultó al INAC sobre el traspaso de este contrato y manifestaron que “es correcto” y que les parece “maravilloso” este cambio para que el proyecto se mantenga en cronograma.
“El recurso humano técnico con el que cuenta el INAC es insuficiente, y el que tenemos lo queremos enfocar a la restauración del Teatro Nacional, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y nuestras escuelas”, informaron a este medio.
A la vez, precisaron que la construcción y restauración de la estructura religiosa lleva 20% de avance y que, según lo estipulado en el contrato, el consorcio debe terminar los trabajos en diciembre de 2017.
Esta medida ha tomado por sorpresa a expertos en el tema y a activistas como el exdirector del INAC Reinier Rodríguez y al director ejecutivo de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca), Fernando Díaz Jaramillo.
“Me sorprende que este contrato pase a Metas, cuando muy bien el INAC pudo coordinarlo solo”, dijo Rodríguez.
A su juicio, en la Dirección de Patrimonio Histórico está el personal idóneo y con experiencia para supervisar este tipo de obras de gran valor histórico.
Mientras, Díaz Jaramillo subrayó que esto viene a confirmar que al Gobierno no le interesa proteger el patrimonio, sino terminar y cumplir con proyectos con los que se había comprometido.
“Lo que había que hacer era fortalecer al INAC y a la Dirección de Patrimonio Histórico, pero en lugar de eso se le quita competencia a ambas entidades”, planteó el activista, quien también fue subdirector de la Oficina del Casco Antiguo.
Hildegard Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Calicanto, argumentó que sin las herramientas y apoyo gubernamental mal puede una institución como el INAC hacer su trabajo.
Vásquez señaló que en este caso se toma por “urgencia política” un tema técnico, como la restauración de un monumento histórico.
“La Catedral no avanza, porque no hay metas claras, con una guía clara de lo que se puede o no hacer. Patrimonio no tiene ni presupuesto para tener los técnicos correctos. Entonces pasas el proyecto a un lugar más cercano al poder sin base técnica, porque lo que importa es que se realice la obra, y no cómo se hace y con las prácticas correctas”, planteó.
NO AVALARON ADENDA
Pese a lo señalado por la Secretaría de Metas y por el INAC, Ana Elena Porras, coordinadora del Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña y representante de la Universidad de Panamá en la junta directiva del INAC, explicó que, como junta directiva, no firmaron una adenda para ampliar el tiempo que contempla el contrato para la restauración de la Catedral.
Esto, debido a que los terrenos donde está el templo religioso fueron traspasados en 2013 por el gobierno de ese momento a la la Iglesia católica (Arquidiócesis de Panamá). “No cabe hacer contrataciones públicas de un bien que se privatizó”, manifestó Porras.
Por tal razón, indicó que aprobaron el pasado lunes trasladar el contrato del INAC a la Presidencia de la República para que sea esa entidad la responsable legalmente de esa contratación y sus adendas.
“Observamos que el propio presidente Juan Carlos Varela donó las cinco iglesias coloniales restantes del Casco Antiguo a la Arquidiócesis, de igual modo que el exmandatario Ricardo Martinelli lo hizo en su momento”, expresó la activista, quien presentó en 2016 demandas de inconstitucionalidad contra estos procesos por considerar que estas iglesias son patrimonio histórico del país.
Este medio intentó obtener una respuesta de la empresa Zubillaga, S.A., sobre las diferencias que tiene con Ortiz Construcciones, pero prefirieron no hacer comentarios, debido a que están en etapa de negociación.
De igual modo, desde Ortiz Construcciones informaron que no efectuarán comentarios sobre el tema.
(Con información de Aleida Samaniego C.)