El empresario de la construcción Lázaro Báez se negó a declarar ayer en una investigación por supuesto lavado de dinero que sacó a luz un entramado de corrupción ligado a la obra pública en la última década en Argentina y que podría salpicar a la expresidenta Cristina Fernández.
Báez, detenido la víspera, se negó a responder preguntas del juez federal Sebastián Casanello, quien dispuso su arresto, y le entregó al magistrado un escrito, confirmó a AP una alta fuente de la justicia que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a declarar sobre este caso.
El empresario, dueño de le compañía Austral Construcciones, fue trasladado al penal federal de Ezeiza, en las afueras de la capital, donde deberá aguardar que el magistrado resuelva su situación procesal.
Su detención significa un quiebre en las numerosas causas por corrupción durante la anterior administración kirchnerista, que se han acelerado en los últimos meses a partir del cambio de gobierno, y un preanuncio de lo que podría suceder con los exfuncionarios y hasta con la propia exmandataria que han sido citados a los tribunales para dar explicaciones de acusaciones que van desde el posible enriquecimiento ilícito hasta la defraudación.
Fernández (2007- 2015) debe presentarse el próximo miércoles en otra causa por supuesta defraudación al Estado en la compra de dólar futuro dispuesta por el Banco Central.
Báez, de 61 años, era un cajero de banco que en simultáneo al ascenso político de los Kirchner construyó un imperio a partir de los grandes contratos de obras públicas por más de 800 millones de dólares y que luego se diversificó al negocio inmobiliario, donde conformó varias sociedades con los expresidentes.
Analistas políticos y funcionarios judiciales especulan que Báez podría acogerse al beneficio del arrepentido que contempla la legislación en los casos de lavado de dinero y apuntar contra el poder político que lo acogió en la última década.
Casanello acusa a Báez de haber ingresado 5.1 millón de dólares en una compañía financiera radicada en Buenos Aires con el objetivo de disimular y ocultar “el origen y titularidad de tales capitales no declarados”.