A los gobiernos locales –municipios y juntas comunales–, así como a las empresas y entidades en las que el Estado sea parte, le quedan solo tres meses para adecuar en formatos abiertos la información divulgada en sus páginas oficiales.
En diciembre del año pasado, el mandatario Juan Carlos Varela firmó el Decreto Ejecutivo 511, que adopta la política pública de transparencia de datos abiertos de gobierno.
Esta normativa fue reglamentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) a través de la Resolución N° DS-3513-2018, en la que se estableció un plazo de seis meses a partir de enero de este año, con el objetivo de publicar la información en formatos recomendados como CSV, XML, XLS. En estos casos, se pueden manipular los datos de cualquier forma sin limitación de características o de uso de algún tipo de software en particular para ello. Son fáciles de publicar.
Hoy en día, de acuerdo con la Antai , las instituciones públicas únicamente colocan en sus sitios web la información exigida por la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia.
La mayoría de la información contenida en las páginas de las instituciones del Estado está publicada en PDF y en imágenes, un formato que impide, la mayoría de las veces, copiar y reutilizar su contenido.
Avance
Antonio Lam, jefe de cooperación técnica de la Antai, señaló que desde 2016 y hasta la presente fecha, por lo menos 43 entidades han sido capacitadas sobre la iniciativa de datos abiertos de gobierno, con el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con miras a adaptar toda su información pública a lo que se establece en esta nueva normativa.
“A medida de que el país avanza en la priorización de la información, la ciudadanía podría, en el entorno económico, generar aplicaciones que puedan comparar servicios médicos, estadísticas de calidad de vida, precio y calidad en artículos de compra, comparación de precios de gasolina y saber en tiempo real las rutas del transporte público”, dijo.