La ola de protestas contra la polémica reelección de Evo Morales escala en Bolivia, donde el el vicepresidente Álvaro García propuso ayer al candidato opositor Carlos Mesa sumarse a una auditoría internacional de los comicios del 20 de octubre –que estará en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– para intentar frenar la violencia.
La ONU hizo “un llamado a los actores políticos, a los sociales, y a todos los bolivianos a reducir tensiones y rechazar todo acto de violencia [...]”.
La decisión del gobierno se tomó luego de protestas que entre lunes y martes dejaron al menos 35 heridos, cinco de ellos de bala.
Mesa, quien fue presidente entre 2003 y 2005, dijo que sólo aceptará la auditoría “si [Morales] está dispuesto a no aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoral” mientras se realice la auditoría, y le reconoce un “carácter vinculante”.
La respuesta llegó poco después a través del ministro de Comunicación, Manuel Canelas: “Nosotros nos sometemos a lo que concluya la auditoría”.
García detalló que la auditoría, que fue acordada la semana pasada y aún no tiene fecha, será acompañada por México, Paraguay y Perú.
El pedido para que Mesa acepte la auditoría se produjo después que Morales acusara que seguidores del exmandatario pretendían cercar ayer el despacho presidencial en el marco de las protestas iniciadas la semana pasada para denunciar un fraude electoral.
La oposición “ha decidido concentrarse y cercar la Casa Grande del Pueblo”, alertó el mandatario ante una multitudinaria concentración de obreros y campesinos, que festejaron su triunfo.
Los opositores cuestionan el escrutinio de los comicios, que inicialmente anticiparon un balotaje, pero tras un silencio de 20 horas dio la ventaja a Morales y terminó confirmando su triunfo.