El expresidente regional catalán Carles Puigdemont y otros cinco líderes separatistas quedaron ayer a salvo de ser extraditados a España, después de que el juez instructor retirara las órdenes internacionales de arresto que pesaban en su contra.
La decisión, expuesta en un auto por el juez español Pablo Llarena, implica que los seis, residentes en Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza, podrán moverse por el extranjero y no se exponen a ser entregados.
En España, no obstante, siguen vigentes las respectivas órdenes, por lo que, en caso de regresar, serían detenidos.
El juez del Tribunal Supremo tomó la decisión después de que un tribunal de Alemania, donde se encuentra Puigdemont, descartara recientemente la posibilidad de extraditarlo por el grave cargo de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel.
En el auto, Llarena se negó además expresamente a que el exdirigente independentista sea entregado solo por malversación. Es el otro delito que pesaba sobre él y que sí fue retenido por el tribunal alemán, en relación con los costes del referendo ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre pasado.
Levantan orden de arresto
El propio Puigdemont valoró en su cuenta de Twitter que la decisión de Llarena “es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial”, centrada en el cargo de rebelión, que implica el recurso a la violencia.
“Hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticos”, añadió el expresidente, refiriéndose a los nueve independentistas que se encuentran en prisión provisional como parte de la misma causa.
Puigdemont recibió la felicitación de su sucesor en el cargo y allegado, Quim Torra, quien habló de una “nueva victoria política y judicial”. “Estamos muy satisfechos”, comentó Gonzalo Boye, uno de los abogados de Puigdemont.
“Lo que no tiene sentido es que unos hechos no sean delito en el resto de Europa y sí lo sean en España”, prosiguió, refiriéndose al cargo de rebelión.
Puigdemont fue detenido en el norte de Alemania el 25 de marzo por orden de Llarena, cuando volvía en coche de una visita a Finlandia, pero menos de dos semanas más tarde la justicia local decretó ponerlo en libertad bajo fianza.
Su intención ahora es poder regresar a Bélgica. Allí se instaló a fines de octubre, tras ser cesado con todo su gobierno por el Ejecutivo central español, horas después de que el Parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia.