El presidente Iván Duque perdió su audaz apuesta por reformar el acuerdo de paz de Colombia.
Con nueve meses en el poder y las encuestas en contra, la derrota a manos de los jueces podría forzar un temprano punto de quiebre de su gobierno.
Sin una mayoría consolidada en el Congreso, Duque enfrenta, a ojos de los analistas, el dilema de dar un giro o seguir apegado a una moribunda bandera de gobierno por la presión de su partido de derecha, el Centro Democrático, que insiste en modificar lo pactado en 2016 con la que fuera la guerrilla más poderosa de América, pese al alto costo político y las críticas internacionales.
Cualquiera sea el rumbo que tome el Gobierno, impactará en un país aún polarizado por el acuerdo con las FARC -involucradas en delitos atroces a lo largo de medio siglo de lucha armada- y acosado por el narcotráfico y la violencia de varias organizaciones que suman, al menos, 6 mil 300 hombres en armas, poco menos de los 7 mil que tenía la disuelta guerrilla.
Una coyuntura agravada además por asesinatos de excombatientes, activistas de derechos humanos y las críticas y exigencias de Estados Unidos (EU) ante la falta de resultados en la lucha antidrogas.
Elegido para un único periodo de cuatro años, Duque está en el “peor de los mundos”, señala Carlos Arias, experto en comunicación política de la Universidad Externado.
El miércoles pasado la justicia le propinó una estruendosa derrota por partida doble. Por un lado, dejó sin piso sus objeciones al sistema de justicia de paz acordado con las FARC y, por el otro, excarceló a alias Jesús Santrich, un excomandante rebelde pedido en extradición por EU bajo sospecha de planear un envío de cocaína después de que depuso las armas.