El estudio de impacto ambiental para rehabilitar una pista de aterrizaje en el Parque Nacional Coiba violó los artículos 118 y 119 de la Constitución, relacionados al régimen ecológico.
Así lo concluyó la fiscal de circuito de Veraguas, Dalvis Graciela Barrios, al rendir su informe explicativo de conducta como parte del amparo de garantías que presentaron el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Cooperativa de Servicios Múltiples Mar de Santa Catalina contra el estudio ambiental de esta obra.
El artículo 119 de la carta magna establece que el Estado y los habitantes tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.
En su explicación, Barrios resaltó, por ejemplo, que no se dio oportunidad al Consejo Directivo de Coiba a notificarse de la resolución del estudio. Además, hizo referencia a la falta de un protocolo de seguridad para el manejo de residuos peligrosos. En este proceso, el Ministerio de Ambiente también emitió su informe de conducta, a través del cual solicitó al Tribunal Superior no acceder a la acción de amparo presentada por el CIAM.
Según la entidad ambiental, este proyecto, que propuso el Ministerio de la Presidencia, se desarrollará sobre cuatro hectáreas que ya están intervenidas por una antigua pista de tierra que existe allí y, por otra parte, afirmó que efectuó encuestas en las comunidades que están en la zona de amortiguamiento de la reserva natural, como parte del proceso de consulta ciudadana.
Finalmente, subrayó que el promotor debe cumplir con todas las medidas de mitigación del proyecto, de manera que no cause daño ambiental al sitio protegido en Veraguas.
Tanto para el CIAM como para la Cooperativa, el estudio tiene categorización I, la cual es “incorrecta”, pues debería ser tipo III por los alcances de la obra.
A su vez, afirman que dicha categoría no es apta ni para el proyecto que se pretende edificar ni para el área en que se ubicaría: patrimonio de la humanidad, según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Incluso, cuestionan que el estudio fue aprobado sin el protocolo para manejo de desechos peligrosos.
Esta obra, que tiene una orden de suspensión, estaba en fase de diseño por el contratista, según ha informado Jorge González, ministro de la Presidencia.