Panamá y Colombia tienen cuatro posibles rutas para desarrollar el proyecto de interconexión eléctrica, según un estudio contratado por el Ministerio de Ambiente.
El documento fue preparado por Conservation Strategy Fund (CSF), una organización internacional que capacita a las personas en el uso de las ciencias económicas para proteger bosques, ríos y otros ecosistemas.
El informe generó información sobre los costos financieros, riesgos ambientales, sociales y de seguridad que podrían servir para la toma de decisiones.
Por ejemplo, la ruta 1 atraviesa la comarca indígena Emberá y el Bosque Protector Alto Darién, mientras que la ruta 2 pasa por las comarcas Guna Yala y Emberá, así como por la Reserva Hidrológica de la Serranía del Darién.
La ruta 3 es marina y evita cruzar la provincia de Darién y las comarcas indígenas. En tanto, la ruta 4 evita atravesar Darién, áreas protegidas y zona fronteriza, aunque recorrería una parte de la comarca Guna Yala (ver mapa).
Al respecto, Samuel Valdés, director de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, subrayó que la opción marina (la ruta 3) es la “más viable” para el ambiente, pero no es económicamente sostenible.
En ese sentido, el documento precisa que el costo estimado de esta ruta esde $916 millones, de los cuales Panamá debería aportar unos $458 millones.
Valdés precisó que la propuesta que atraviesa parte de la comarca Guna Yala (ruta 4) es la segunda opción de menor impacto ambiental y podría construirse paralela a la servidumbre de una ruta terrestre que beneficie a las comunidades del sector este de esa área indígena.
El gasto total en esta propuesta sería de $595 millones, de los cuales el país debería aportar aproximadamente $297 millones.
“Nos corresponde y estamos cumpliendo con la labor de evaluar y analizar las rutas de mayor viabilidad ambiental para el país”, acotó Valdés.
Según el funcionario de Ambiente, en estos momentos conversan con las autoridades tradicionales de las comarcas Wargandí y Guna, para ver si aprueban la ruta.
Los técnicos que elaboraron el informe estimaron el costo de construcción utilizando la longitud total del proyecto de interconexión; es decir, incluyendo los tramos que corresponderían a Colombia y a Panamá. Esto se debe a que los países acordaron asumir cada uno el 50% de los costos.
DEFORESTACIÓN
De acuerdo con el informe, la propuesta de interconexión que generaría mayor cantidad de caminos sería la terrestre-comarca Emberá- Wounnan de Cémaco (ruta 1), seguida por la marino-terrestre Puerto Escocés-Comarca Guna (ruta 2), la marino-terrestre Mamitupu comarca Wargandí (Ruta 4) y, por último, la marino-terrestre Colón (ruta 3).
En cuanto a la deforestación, la 2 generaría la mayor deforestación total, seguida muy de cerca por las rutas 1 y 4. La ruta 3 presenta la menor tala de árboles.
Atencio López, asesor legal del Congreso General Guna, señaló que la posición inicial de los guna fue rechazar este proyecto y lo reiteraron en una reunión en la Presidencia de la República.
Sin embargo, explicó que el próximo 26 de mayo el congreso se reunirá nuevamente y podría incluir este tema en agenda. “Debemos esperar a ver si se incluye en la agenda de discusión, pero hasta el momento nos reiteramos en el rechazo a la interconexión”, aportó.
Por su parte, la activista Susana Serracín, del Centro de Incidencia Ambiental, manifestó que por tratarse de un proyecto relacionado con la política energética del país debe ser ampliamente consultado.
Serracín puntualizó que las autoridades tradicionales de Guna Yala deben ser informadas de cualquier avance de esta obra. “La obra debe impactar lo menos posible al medio ambiente”, sostuvo.
EMPRESAS ESPERAN
Por su parte, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., (Etesa) y la estatal colombiana Interconexión Eléctrica (ISA), accionistas principales del proyecto, respondieron que la interconexión eléctrica continúa en fase de viabilización y diseño.
Para ambas, “la prioridad actual del proyecto es la viabilización de un corredor ambiental en Panamá, el cual debe tener el aval de las comarcas indígenas ubicadas en la área de influencia de la obra”.
Precisamente, resaltaron que las aprobaciones requeridas deben ser obtenidas a través de sus instancias tradicionales de decisión (Congresos Generales), respetando tiempos y autoridades.
Concluyeron que una vez se tenga un corredor ambiental avalado por los dos países, será posible ejecutar el estudio de impacto ambiental y social, y el diseño detallado de la línea eléctrica entre Panamá y Colombia.
El apoyo regional a este proyecto fue refrendado en la última cumbre de jefes de estado, que se llevó a cabo el año pasado en el país.