El exalcalde panameñista Bosco Ricardo Vallarino, quien renunció a su cargo en enero de 2012, presentó por intermedio de sus abogados un incidente de controversia contra una indagatoria y formulación de cargos, que dictó en su contra la Fiscalía Tercera Anticorrupción, por peculado en perjuicio de la comuna capitalina.
Fuentes del Ministerio Público informaron que este recurso quedó radicado en el Juzgado Sexto Penal, pero no suspende la resolución emitida en octubre pasado, por la fiscal Lorena de Coronel sobre la diligencia de indagatoria, fijada para la próxima semana.
El incidente de controversia sustenta que en las auditorías realizadas por la Contraloría de la República en 2012 y que sirvieron de base para las acusaciones al exalcalde, hay una serie de contradicciones e imprecisiones sobre los montos de los contratos investigados.
La defensa legal de Vallarino aduce que su cliente no ha sido notificado de manera personal, como establece la ley, sobre la resolución emitida por la fiscal.
Por este caso, Vallarino es acusado junto con el exsecretario general del municipio capitalino Jaime Barroso, por irregularidades en la tramitación de contratos por 98 mil dólares sobre consultorías en materia de vigilancia municipal.
El exalcalde Vallarino, y Barroso, de igual forma, enfrentan otro proceso similar que se encuentra en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Lizzett Chevalier, en el que se les acusa de un supuesto peculado por un monto de 285 mil dólares, también por contratos de seguridad.
Los abogados de Vallarino informaron que presentarán un incidente de controversia contra la indagatoria por este segundo caso.
En agosto pasado, producto de otra auditoría ordenada en octubre de 2012 por la Contraloría de la República, y que llegó hasta el Tribunal de Cuentas, se investigó un contrato por $580 mil pactado entre el Municipio de Panamá y la empresa Trébol Services Inc., para el mantenimiento de plazas y parques de la capital, y se ordenó el secuestro de bienes del exalcalde y su exsecretario general.
La Contraloría remitió el caso al Tribunal de Cuentas, que a su vez ordenó a la Fiscalía de Cuentas investigar el asunto, y finalmente esta instancia solicitó cautelar los bienes de Vallarino y de Barroso, y de tres empresas que prestaron servicios a la alcaldía.
Por esta razón, el mencionado tribunal hizo efectivo el pasado 2 de agosto el secuestro de los bienes muebles e inmuebles de los dos exfuncionarios.
