Un total de 17 mil personas ha sido retirado del programa 120 a los 65 desde que en el año 2014 se establecieran una serie de parámetros para que los adultos mayores puedan recibir esta transferencia económica condicionada.
Aurora Carreiro, directora Nacional del programa, que está bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), detalló que semanalmente se reciben unas 100 denuncias por diferentes irregularidades respecto de la utilización de este beneficio.
Mencionó que han sido excluidas del programa todas aquellas personas que no están en condiciones de pobreza o pobreza extrema, pues se les ha detectado que poseen propiedades a su nombre, libretas de lotería, maquinaria agrícola o equipo pesado, entre otras formas de ingresos.
También se han registrado casos, principalmente en las áreas de difícil acceso, en los que se han dado defunciones de los beneficiarios que no son reportadas de forma oportuna y una tercera persona sigue cobrando el dinero.
Ante esta situación, Carreiro señaló que el Mides decidió iniciar desde ayer una jornada de “verificación de fe de vida y de corresponsabilidad”, con la cual se pretende dar seguimiento a cada uno de los beneficiarios, validando que la persona está viva y que además está haciendo uso correcto del dinero que se le asigna.
Anualmente, el Mides destina unos 186 millones de dólares para beneficiar a 127 mil adultos mayores inscritos en el programa social.
Un informe publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que, a pesar de que estas asistencias han ayudado a disminuir la pobreza, existe una filtración elevada hacia personas que no las necesitan.
En el caso específico de Panamá, la situación se evidencia de forma directa a través de este programa, en el que se registra una distribución del beneficio a 52.2% de personas que no son pobres o que no necesitan el ingreso.