A ocho años de prisión fue sentenciado el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón, como parte del proceso seguido por irregularidades en el cobro de impuestos morosos por parte de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) durante el gobierno pasado.
La jueza primera de lo penal, Águeda Rentería Sánchez, halló a Cucalón culpable de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, y además de los ocho años de cárcel le impuso una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual número de años, que comenzará a pagar una vez cumplida la pena principal.
En el fallo, fechado el 14 de este mes, la jueza Rentería Sánchez también ordenó el comiso de $6 millones 128 mil 451, más intereses generados, que habían sido aprehendidos a Cucalón de una cuenta bancaria.
Pero, al mismo tiempo, la jueza ordenó el levantamiento de la aprehensión provisional que pesaba sobre otras cuentas bancarias debido a que, según concluyó, en el proceso no se incorporaron “elementos probatorios que demuestren que sean objeto de investigación por delitos contra la economía nacional u otros delitos”, detalla una nota de prensa del Órgano Judicial.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, con la que el propietario de CISA, Cristóbal Salerno, llegó a un acuerdo de pena de 48 meses de prisión –conmutados por 500 días multa– y devolvió $20 millones al Estado.
Durante el juicio, celebrado el 5 de julio pasado, el fiscal anticorrupción Adecio Mojica citó parte de las declaraciones de Salerno, en las que reconoció que entregó dinero a Cucalón con el pretexto de agilizar los trámites para que su empresa cobrara más rápido las comisiones por la recuperación de impuestos morosos.
Mojica declaró que Salerno aseguró que Cucalón le dijo: “bájate del bus” para acelerar los pagos producto de las gestiones de cobro realizadas por Cobranzas del Istmo.
Explicó que a partir de la confesión de Salerno quedó claro que el dinero fue malversado, porque después de que CISA cobraba, se transfería dinero a la cuenta de Cucalón.
La Contraloría General de la República también detectó una lesión patrimonial de $29 millones 561 mil.
Este caso tiene su origen en una querella interpuesta por el exministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia (2014-2017), por la supuesta falsificación ideológica de documento público, a raíz del contrato N° 100 del 25 de agosto de 2010, suscrito por la sociedad CISA, que la constituía como gestora de cobro para la recuperación de la cartera morosa y no pagada.