La Fiscalía colombiana exhumó ayer los restos óseos del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla para tratar de encontrar nuevos elementos que permitan esclarecer el magnicidio presuntamente perpetrado por el narcotráfico hace tres décadas.
La diligencia fue encabezada por el propio fiscal general, Jorge Fernando Perdomo, en un cementerio de la ciudad de Neiva, a unos 240 kilómetros al suroeste de Bogotá.
La exhumación busca, según ha dicho la Fiscalía, “estudiar con la tecnología de ahora la trayectoria de los proyectiles” que la noche del 30 de abril de 1984 segaron la vida de Lara en las calles bogotanas. La Fiscalía también pretende establecer similitudes con otros magnicidios ejecutados años después del de Lara y en los que, según las investigaciones, habría habido participación de agentes del Estado.
El periodista y escritor Alberto Donadío publicó recientemente el libro El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla: la verdad que no se conocía, en el que planteó dudas sobre la forma en que al parecer sicarios asesinaron a Lara.
Según Donadío, la historia que ha conocido el país es que el carro en que se movilizaba Lara fue baleado cuando estaba en movimiento. Pero, según el dictamen de un experto citado por el autor, “ningún tirador del mundo tiene esa puntería. La hipótesis... es que el carro del ministro estaba detenido cuando fue asesinado”. Adicionalmente, Donadío se pregunta cómo fue posible que el conductor y el escolta no resultaran al menos con heridas graves.
“¿Cómo es posible que no hubiera quedado muerto (el escolta) o gravemente herido si en realidad se trató de un atentado en que una moto súbitamente empezó a disparar contra el Mercedes Benz del ministro?”, indicó Donadío en una entrevista con el diario El Espectador.
Como ministro de Justicia, Lara les había declarado la guerra a los carteles de las drogas, especialmente al de Medellín, al denunciar sus actividades criminales. El suyo fue uno de los primeros magnicidios atribuidos al capo Pablo Escobar.
Lara pertenecía al movimiento político Nuevo Liberalismo, cuyo fundador, Luis Carlos Galán, también fue asesinado por orden de Escobar en agosto de 1989.
En septiembre de 2012, la Fiscalía elevó a la categoría de crimen de lesa humanidad el asesinato de Lara, una medida que busca evitar el archivo definitivo del caso.