La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos condenó los actos de “vigilancia ilegal digital” de que han sido víctimas periodistas y activistas mexicanos.
Por medio de una publicación en Facebook, la representación del organismo internacional en el país también llamó al Estado mexicano a “conducir una investigación independiente para esclarecer estos hechos de espionaje, incluyendo cualquier institución pública que pudiera haber estado implicada”.
Por su parte, Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo al diario Milenio que también denunciaron el hecho ante la Procuraduría General de la República y que lo harían también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reportó que entre 2015 y 2016 se utilizó el programa Pegasus para espiar a los abogados que investigan el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dos periodistas, un economista que ayudó a redactar la ley anticorrupción y una activista estadounidense que representa a las víctimas de abusos sexuales cometidos por policías.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el espionaje digital contra periodistas y medios en varios países de las Américas, y calificó esta práctica como “un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa, al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”, según una nota de prensa divulgada por la organización.
INVESTIGACIÓN
Una reciente investigación del diario The New York Times, basada en un informe de varias organizaciones civiles, reveló que el Gobierno de México habría espiado entre 2015 y 2016 a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción mediante el uso del programa informático Pegasus que accede a las llamadas, mensajes de texto, correos, micrófono y cámara de los móviles.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Roberto Rock, expresó su condena por “el uso de este mecanismo que constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa”.
Entre los periodistas afectados se encuentran Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, que junto con activistas denunciaron el hecho ante la Procuraduría General de la República y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.