Representantes de la sociedad civil organizada exigen la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ángela Russo, y de los otros siete magistrados, que avalaron el fallo que deja sin efecto la parte medular del proceso judicial por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares por $125 millones durante el gobierno pasado.
Para el excontralor de la República Alvin Weeden, los magistrados de la Corte deben renunciar porque han “actuado al margen de la ley y contrario al juramento que hicieron en la Asamblea Nacional de defender la Constitución”.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, dijo que si los magistrados no están dispuestos a cumplir su misión de dirimir conflictos de manera “objetiva, expedita e independiente”, mirando siempre la búsqueda de la justicia, “deben renunciar”.
Mientras, la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, escribió en Twitter estar arrepentida de haber recomendado al presidente, Juan Carlos Varela, que atendiera su recomendación al momento de elegir a los magistrados.
De acuerdo con el fallo, también avalado por los magistrados Hernán De León, Harry Díaz, Luis R. Fábrega, Oydén Ortega, Abel Zamorano, Gisela Agurto (suplente escogida por sorteo) y Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), el Ministerio Público no tenía competencia para ordenar la orden de detención del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, quien gestionó la compra de los radares.
Indignación y repudio sigue generando el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anula parte del proceso judicial por las supuestas irregularidades en la compra de 19 radares durante el gobierno pasado.
Representantes de sectores de la sociedad civil exigen, además, la renuncia de la magistrada de la Corte Ángela Russo y de los otros siete magistrados que le dieron luz verde a la sentencia, que concede un amparo de garantías al exministro y al exviceministro de Seguridad José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente, investigados en este caso.
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), dijo, por ejemplo, que el país tiene un reto importante en materia de justicia y advirtió que los principales responsables de este son los magistrados de la Corte.
“Si ellos no están dispuestos a cumplir su misión de dirimir conflictos de manera objetiva, expedita e independiente, mirando siempre la búsqueda de la justicia más que buscar excusas, deben renunciar”, opinó.
Mientras que el abogado y excontralor Alvin Weeden consideró que los magistrados de la CSJ deben renunciar, tomando en cuenta que el fallo que emitieron “es indigno, incorrecto y violatorio de la ley”. “Lo que hicieron fue violentar la Constitución y amparar la corrupción (…) Acabaron con las pruebas de un expediente para proteger a los delincuentes, y ese no es el papel de la Corte”, advirtió.
Olga de Obaldía, directora de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, consideró que el fallo es el síntoma de un sistema carente de estructuras necesarias para garantizar la profesionalidad de los jueces, un sistema judicial que no tiene carrera judicial ni tribunal de ética e integridad.
“El fallo es un mal precedente a todo lo que viene detrás y crea un precedente de impunidad”, añadió.
Por su parte, Juan Diego Vásquez, miembro de la Red de Jóvenes por la Transparencia, opinó que Russo “debe reflexionar sobre su permanencia en la Corte y el mensaje que manda a la sociedad con cada fallo (...)”. “¿Es ella poco conocedora de la materia o su criterio responde a intereses?”, se preguntó.
Para Freddy Pittí, de Juntos Decidimos, “es vergonzoso e indignante” que los administradores de justicia usen medidas dilatorias para lograr la prescripción de los casos de alto perfil.
“Existen demasiadas pruebas [y] hasta condenas en Italia por esta trama de corrupción. Es injustificable que en Panamá lo que esté imperando sea la impunidad”, dijo.
Respecto a Russo, recordó que, “desde el primer día, muchos miembros de la sociedad civil nos opusimos a su nombramiento, precisamente por su carencia de independencia y carácter para enfrentar estos casos tan delicados. Hoy el tiempo nos da la razón”.
Mientras, el excontralor Carlos Vallarino manifestó que el fallo es totalmente absurdo, ya que abre la puerta a la impunidad por casos que han causado “tanto daño” a la sociedad panameña.
Por su lado, Magaly Castillo, representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia, escribió en su cuenta de Twitter que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, “sabía que Russo y Cecilio Cedalise no eran los magistrados que el país necesitaba y que el magistrado presidente José Ayú Prado era lo peor para la Corte”.
Incluso, Castillo publicó una carta que data de 2015, en la que esa organización cuestionó el proceso de ratificación de Russo y de Cedalise. En la nota, advirtieron que ambos tenían vinculación con el Órgano Ejecutivo.
Otra que utilizó la red social Twitter para referirse a este caso fue la historiadora y aspirante a candidata presidencial por la libre postulación Ana Elena Porras.
“El fallo Finmeccanica de la CSJ preconiza una escandalosa impunidad”, escribió.
