La oposición venezolana anunció que hoy marchará por tres de las principales avenidas del este de Caracas, pero hay dudas sobre si podrá lograr una contundente participación que le permita impulsar la realización este año del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.
La marcha se produce en medio de una creciente incertidumbre ante las denuncias de las autoridades sobre supuestos planes violentos y los señalamientos de persecución de los opositores.
El propio presidente Nicolás Maduro amenazó ayer con pedir permiso al máximo tribunal del país para levantar la inmunidad que protege a los parlamentarios opositores “si fuese necesario”. El mandatario acusó al presidente de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, de incitar a la violencia política en el país con discursos de odio, y dijo que evaluaba con expertos llevarlo ante la justicia.
El oficialismo también convocó para esta fecha a una movilización en la céntrica avenida Bolívar.
“Esta no es una marcha cualquiera”, afirmó el secretario ejecutivo de la alianza opositora Jesús Torrealba. En diálogo con The Associated Press, sostuvo que la manifestación marcará el “principio de un proceso de lucha persistente, escalonado” que tiene como objetivo la realización en el corto plazo de la consulta popular.
Al ser consultado sobre las proyecciones de asistencia a la llamada “Toma de Caracas”, el dirigente indicó que “no estamos en las condiciones de país para decir cuántos asistirán” pero planteó que esperan lograr una de las “mayores concentraciones” de la historia política. Las tres avenidas donde se realizarán las movilizaciones tienen una capacidad para aglutinar cerca de un millón de personas, según estimaciones de la oposición.
Periodistas del periódico francés Le Monde, de la radio pública estadounidense NPR y la colombiana Caracol Radio que viajaron a Caracas a cubrir la marcha opositora no fueron admitidos por las autoridades en el aeropuerto, denunció el sindicato de periodistas.
PEREGRINAJE
Tras una larga travesía de casi una semana que implicó un recorrido de más de 600 kilómetros, que lo hicieron cruzando selvas a pie durante dos días, navegando en canoas por el río Orinoco, y atravesando carreteras en camiones y autobuses, cerca de centenar de indígenas de las etnias piaroa y jiwi del estado suroriental de Amazonas llegaron este miércoles a la capital para sumarse a la marcha opositora.
“Hicimos este largo camino para exigir que se nos respete y hacer valer nuestros derechos como nativos de Venezuela, los originarios, porque están atropellando nuestros derechos y estamos siendo marginados hoy en día por el gobierno”, afirmó la indígena Orfilia Fernández, que pertenece a la etnia jiwi.
Ataviada con un vestido típico de color marrón claro, una pequeña corona adornada con semillas, y los pómulos pintados con figuras geométricas rojas que simbolizan la lucha, Fernández, de 39 años, sostuvo que decidió dejar a sus seis hijos y su pequeña comunidad en la selva del Amazonas para “luchar por un futuro mejor”.
“Vine por los presos políticos a ver si los pueden liberar”, dijo Miguelina Caballero, una indígena de la etnia piaroa, a través de un intérprete, al explicar que decidió venir a Caracas para protestar por la detención de Javier Infante, un miembro de su comunidad que fue apresado por las autoridades por supuestas irregularidades en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado que llevaron al Tribunal Supremo de Justicia a suspender a los tres diputados que fueron electos en Amazonas.
La coalición opositora, que consolidó una mayoría contundente en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 al derrotar al oficialismo y lograr el control de la Asamblea Nacional, no ha tenido en los últimos años manifestaciones de las dimensiones de 2002 previas al fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, cuando se movilizaron más de un millón de personas en Caracas.
“Me atrevería a proyectar que ésta va a ser una manifestación muy grande”, afirmó Luis Vicente León, presidente de la encuestadora local Datanálisis al señalar que la larga planificación de la movilización, la unificación de los diferentes partidos que integran la coalición opositora y la convocatoria pacífica hacen prever que habrá una multitudinaria participación.
León dijo que las denuncias de las autoridades sobre posibles hechos violentos pueden generar algún impacto entre los seguidores de la oposición, pero sostuvo que esos intentos para atemorizar no evitarán una gran marcha.
Al ser consultado sobre lo que ocurrirá después del 1 de septiembre, el analista admitió que no está claro cómo la oposición podrá lograr la presión suficiente para que las autoridades electorales permitan la realización este año del referendo y si el gobierno estará dispuesto a entregar el poder por la vía de una consulta.
La oposición apuesta a realizar este año el referendo, pero el cronograma que planteó recientemente el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que la consulta pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completa más de la mitad del mandato de seis años de Maduro.
UNASUR
Entre tanto, la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), emitió un comunicado en el que hizo un llamado a que la actividad de hoy en Venezuela se desarrolle de forma pacífica e insistió en “el camino del diálogo”, para resolver “las legítimas diferencias existentes en el seno de la sociedad venezolana.
“El Secretario General de Unasur, expresidente Ernesto Samper Pizano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, quienes por invitación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, D. Nicolás Maduro, vienen explorando con el Gobierno y la oposición el marco para iniciar un diálogo, hacen un enfático llamamiento para que los distintos actores políticos y sociales ejerzan de manera pacífica su derecho de manifestación durante las movilizaciones convocadas para el próximo 1 de septiembre”, dice el texto, fechado ayer en Quito, Ecuador.
ÓRDENES DE DETENCIÓN
Según difundió Globovisión, el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, informó ayer sobre las detenciones de dirigentes y activistas opositores, y dijo que existe una orden de aprehensión en contra del dirigente del partido Voluntad Popular, Lester Toledo, por presunto “financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir”.
Reverol indicó también que fueron revisados archivos de un dispositivo del detenido exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, donde presuntamente se detallarían planes “desestabilizadores” que iban a llevarse a cabo durante la movilización de hoy.
Ceballos, quien gozaba de detención domiciliaria por problemas de salud, fue sacado de su casa sorpresivamente el pasado fin de semana y trasladado a una prisión.
El ministro ratificó también la detención de Carlos Melo en el este de Caracas, a quien se le incautó un teléfono celular y una correa con materiales explosivos.
A su vez, reiteró que en la captura de Jon Goicoechea se le incautaron cinturones con detonantes y material subversivo el pasado 29 de agosto.
El funcionario dijo también que en algunas universidades del país, “hay resguardo de armas de guerra”, e instó a los responsables de las casas de estudio a atender esta situación.
Toledo dijo entre tanto, a través de la red Periscope, que se encuentra “bien, resguardado en un lugar seguro”, donde analiza las acciones legales que tomará tras el allanamiento de su vivienda, sin una orden judicial.
Ante este ambiente, la organización internacional defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional instó ayer a las autoridades venezolanas a “garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pública y pacífica, sin discriminación de ninguna índole”.
