El exjefe de la agencia antidrogas de Venezuela (ONA), Néstor Reverol, rechazó ayer acusaciones de narcotráfico presentadas en una corte de Estados Unidos por, supuestamente, haber participado en una trama de distribución de cocaína.
Reverol, quien se desempeñó hasta julio como comandante de la Guardia Nacional, fue nombrado a principios de agosto ministro de Relaciones Interiores y Justicia por el presidente Nicolás Maduro.
Tres semanas atrás, la fiscalía estadounidense lo acusó-junto al exsubdirector de la ONA, Edylberto Molina- de haber recibido, entre 2008 y 2010, pagos de narcotraficantes a cambio de ayudarles a movilizar droga que enviaban a Estados Unidos.
“Ante infundados señalamientos que han hecho en mi contra autoridades norteamericanas (...) los rechazamos categóricamente en todas sus partes, por alejarse de la realidad”, dijo Reverol en una rueda de prensa en la sede de la ONA en Caracas.
“Pretenden utilizarlo como arma política en su afán desestabilizador”, agregó sobre el caso que ve un tribunal de Nueva York.
Analistas de seguridad dicen que Venezuela se ha convertido en una plataforma de exportación de cocaína hacia Europa, África y Estados Unidos.
El gobierno de Maduro, un feroz crítico de Washington, sostiene que su país ha sido víctima del narcotráfico porque está entre uno de los mayores productores mundiales de cocaína, Colombia, y el principal consumidor, Estados Unidos.
Washington ha denunciado que Venezuela no hace lo suficiente para reducir el tráfico de droga en su territorio y ha señalado a varios militares de alto rango y a aliados del partido de gobierno como “capos de la droga”.
Dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, enfrentan cargos en Estados Unidos por supuestamente conspirar para importar cocaína a ese país.
En uno de los casos de más alto perfil de los últimos años, una decena de personas, entre ellas tres militares de bajo rango, fueron sentenciadas recientemente por facilitar en 2013 el tráfico de 1.3 toneladas de droga a París en un vuelo de Air France.
Reverol insistió en que desde que se expulsó en 2005 a la oficina antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Venezuela ha multiplicado las detenciones de traficantes y drogas.
En lo que va del año, las fuerzas de seguridad venezolanas han incautado 33 toneladas de drogas.
El año pasado Venezuela decomisó un récord de 79.5 toneladas de drogas, un 61% más que en 2014.
Entre tanto, la policía colombiana informó ayer sobre la captura de un ciudadano venezolano acusado en su país de formar parte de una organización criminal a la que recientemente le fueron incautadas 3.7 toneladas de cocaína.
Se trata de Nicolás Agudelo Bejarano, quien fue arrestado en Bogotá, explicó la Policía Judicial en un comunicado de prensa.
Contra el mencionado venezolano pesaba una circular roja de la Interpol por los delitos de tráfico de droga y asociación de grupo delictivo.
A Agudelo se lo acusa en su país “por la incautación de 3.7 toneladas de cocaína en el estado de Táchira, la cual tenía como destino el Cartel de los Zetas en México y provenía del interior de Colombia”, indicó el reporte oficial.
Agregó que “la organización internacional de tráfico de cocaína (de la cual Agudelo era su cabecilla) se valió de una técnica muy avanzada para la movilización de estupefacientes impregnándolo o mezclándolo en cargamentos de caucho molido que se movilizan por el continente americano, esto con el fin de evitar ser detectados por las autoridades y controles de los diferentes países”. Añadió que los cargamentos provenientes de Colombia utilizaban a Venezuela como corredor hacia Guatemala y México.
La Policía Judicial también informó que en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, fue aprehendido Luis Alberto Ramírez Camacho, conocido como Amas, contra quien también pesaba una notificación roja de Interpol.
Amas está vinculado con la investigación del asesinato en marzo de un dirigente en presunta venganza por su lucha contra grupos de contrabando que delinquen en la frontera entre Colombia y Venezuela.
DEPORTACIONES
El Gobierno colombiano informó ayer que deportará a 33 mujeres venezolanas que se encontraban irregularmente en el país para tratar de evitar lo que el presidente Juan Manuel Santos calificó de “invasión” de nacionales de Venezuela.
Según Migración Colombia, las 33 mujeres fueron ubicadas por la Policía Nacional en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander y al norte de Bogotá.
“Tras realizar las verificaciones correspondientes y adelantar los procesos administrativos que tenían lugar, las mujeres fueron transportadas hacia la ciudad de Cúcuta, donde se efectuará la entrega a las autoridades migratorias venezolanas”, explicó Migración Colombia en un comunicado de prensa.