La justicia argentina procesó a Julio De Vido, considerado el ministro con más poder durante las presidencias del matrimonio Kirchner, por un presunto fraude al Estado a través de la modernización de un yacimiento de carbón en la Patagonia.
De acuerdo con información del procesamiento, difundida ayer por el Centro de Información Judicial, el juez Luis Rodríguez consideró que el exministro de Planificación Federal y recientemente desaforado diputado es sospechoso de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Rodríguez también dispuso la prisión preventiva del otrora poderoso ministro del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda y sucesora Cristina Fernández (2007-2015), quien fue detenido hace más de dos semanas después de que el magistrado solicitara su desafuero a la Cámara de Diputados.
La maniobra delictiva se habría producido a través de contrataciones para la puesta en valor de un ramal ferroviario, el suministro de materiales y la modernización de la infraestructura del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, realizadas mediante convenios entre el Ministerio de Planificación y la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Santa Cruz y la fundación de esta última.
Rodríguez señaló que los convenios fueron el “andamiaje legal a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal”.
Según el juez, entre 2005 y 2015 se recibieron transferencias de dinero por una suma aproximada a los 26 mil millones de pesos argentinos (unos mil 454 millones de dólares).
“No obstante semejante inversión, el nivel de deterioro y abandono que exhibe el yacimiento... deviene inversamente proporcional a aquellas transferencias de fondos”, agregó.
En una serie de mensajes en Twitter, De Vido negó días atrás su culpabilidad en el hecho. “Es falso que no se haya invertido en la mina de Río Turbio o que se haya hecho un tren que no conduce a ninguna parte”, sostuvo el exministro.
De Vido también ha sido procesado por supuesta defraudación a través de la importación de gas licuado, lo que habría generado un perjuicio económico millonario al Estado.
El exfuncionario afronta además un juicio por su supuesta responsabilidad en la muerte de 51 personas en el choque de un tren en 2012.
El desafuero del diputado se produjo en medio de la fuerte ofensiva de la justicia contra exfuncionarios de Fernández por supuestos actos de corrupción y pocos días después de que el oficialismo se alzara con una victoria en las elecciones legislativas, lo que supuso un espaldarazo político para el presidente Mauricio Macri.
En esos comicios, Fernández obtuvo una banca como senadora nacional, lo que le otorga inmunidad parlamentaria en las distintas causas judiciales en su contra en las que se ha declarado inocente.
La exmandataria, De Vido y otros exfuncionarios sostienen que son víctimas de una persecución judicial orquestada por Macri.