Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió las denuncias presentadas contra el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, y el contralor Federico Humbert por presuntas irregularidades en los donativos asignados por el Legislativo, varios sectores manifestaron su criterio sobre el futuro que podría tener una tercera acción legal que por este mismo tema está pendiente en el máximo tribunal de justicia.
Se trata de la denuncia que presentó el 29 de marzo pasado el abogado Carlos Herrera Morán, junto con Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, también relacionada con las donaciones y cuya ponencia está a cargo del magistrado Luis Ramón Fábrega.
El abogado Ernesto Cedeño, quien interpuso la primera denuncia contra De León, explicó que la Corte ya fijó una posición en cuanto a exigir la presentación de una prueba idónea para la aceptación de una denuncia de este tipo.
Dijo que su denuncia no solo incluía los elementos aportados en la investigación de La Prensa, sino que agregaba pruebas testimoniales notariadas.
Para Cedeño, los magistrados utilizan criterios diferentes para analizar las denuncias contra los diputados y las que se presentan contra el resto de los ciudadanos.
Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, dijo que será necesario esperar y ver el análisis que hagan los magistrados con la denuncia presentada por Herrera Morán y Pittí.
Esta última denuncia está dirigida contra 13 diputados que gestionaron donaciones y también incluye al presidente del Legislativo.
“El criterio puede variar y los magistrados pueden tomar una decisión diferente en este caso”, acotó Lee.
Lee consideró que en este caso se debe esperar a ver cuál es el criterio de la Corte, ya que aún no se ha hecho público el fallo por el cual no se admitió la denuncia de Cedeño, para conocer en detalle el criterio que se usó para rechazarla.
En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), alegó que la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de investigar y juzgar a los diputados, y negarse a admitir una denuncia bien sustentada, como aparentemente era la de Cedeño, por asuntos de forma, aumenta la desconfianza ciudadana en la labor de la Corte y la independencia que deben tener los magistrados.
“El admitir la denuncia no implica que [el diputado] sea culpable o inocente, porque esto solo podría determinarse en un juicio”, estimó.
La Corte no ha anunciado fecha del pleno para analizar la denuncia de Herrera Morán y Pittí.