El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga, junto con la fiscalía mexicana, la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, denunció ayer serios obstáculos a su trabajo que podrían poner en riesgo el acceso a la verdad.
En concreto, denunciaron la filtración de declaraciones de algunos detenidos “que no responden a la verdad” o han sufrido alteraciones con la intención de alentar versiones que no se sustentan, y apertura de nuevos expedientes con información sacada de la investigación central, con lo que los expertos ven bloqueado su acceso a las nuevas averiguaciones.
Por ejemplo, hablaron del hallazgo de unos restos óseos que no han sido procesados y que no se sabe si tienen que ver o no con los estudiantes desaparecidos, aunque se llegó a ellos gracias a declaraciones incluidas en la investigación sobre los 43.
En conferencia de prensa, los expertos de la CIDH mostraron también su preocupación porque gran parte de la investigación fracase después de que la justicia mexicana haya amparado a 22 policías por falta de pruebas —aunque esta sentencia está recurrida—, y denunciaron una campaña de acoso a parte de sus miembros, cuyo único objetivo es crear confusión, indican.
En su primer informe, de septiembre de 2015, los expertos echaron por tierra la versión oficial de que los 43 estudiantes habían sido quemados en un basurero, y denunciaron obstrucción a la justicia por parte de algunas autoridades.
Ahora, aunque dicen que un nuevo equipo oficial de investigación con el cual trabajan bien, denunciaron obstáculos.