Expertos en derechos humanos de la ONU pidieron ayer al Gobierno de México “cesar inmediatamente la vigilancia” sobre activistas y periodistas y realizar una completa investigación imparcial sobre el espionaje ilegal.
En el último caso, una investigación internacional sobre la desaparición de 43 estudiantes en México fue objetivo de un intento de espionaje con un software vendido al Gobierno para combatir a terroristas, según un reporte publicado la semana pasada.
Civiles en México han sido blanco de un software conocido como Pegasus, el que la compañía israelí NSO Group solo vende a gobiernos, de acuerdo con un reporte de Citizen Lab, un centro de investigación con sede en la Universidad de Toronto.
“Instamos al Gobierno a comprometerse para cesar la vigilancia inmediatamente”, dijeron los expertos independientes de la ONU en un comunicado conjunto, en el que demandan controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia.
“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria violación de los derechos de privacidad, libertad de opinión y expresión, y libertad de asociación, son muy preocupantes y son evidencia del ambiente hostil y amenazante que enfrentan hoy en México los defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas”, aseguraron.
Agregaron que se debe permitir que las víctimas del espionaje participen en las investigaciones.
El presidente mexicano, Enrique Peña, pidió a la Procuraduría General de Justicia que investigue las acusaciones de que el Gobierno espió a periodistas, afirmando que quiere llegar al fondo de unas denuncias que calificó como falsas.
“Estamos preocupados sobre la supuesta implicación en la compra y utilización de Pegasus por las mismas autoridades que ahora están a cargo de realizar las investigaciones”, aseguraron los expertos de la ONU.
“En ese sentido, pedimos al Gobierno tomar todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad del organismo de investigación”.
Citizen Lab dijo que encontró un rastro del software Pegasus en un teléfono perteneciente a un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes en México en 2014.
La semana pasada, una veintena de integrantes del Parlamento Europeo, del Bundestag alemán y del Congreso de los Diputados en España llamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a crear una comisión internacional que investigue los casos de espionaje en México.
En una carta enviada desde la Oficina ecuménica por la paz y la justicia de Múnich, Alemania, los legisladores solicitaron “una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias por espionaje a activistas, periodistas, y defensores de derechos humanos”.