El exvicepresidente argentino Amado Boudou, detenido el viernes por los supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, se sumó a otros exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) que se encuentran bajo arresto en diferentes causas judiciales por supuesta corrupción.
El economista, de 54 años edad, que fue ministro de Economía de Fernández entre 2009 y 2011 y vicepresidente hasta el final del mandato en diciembre de 2015, fue detenido ayer por orden del juez federal Ariel Lijo, que lo acusa de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Además, desde el 3 de octubre es juzgado por la presunta adquisición irregular de la única imprenta de billetes legal del país, uno de los casos de supuesta corrupción más sonados durante el mandato de Fernández.
En esa causa es sospechoso de haber adquirido a través de testaferros el 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, para luego contratar con el Estado la impresión de papel moneda.
De ser hallado culpable podría recibir una condena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En septiembre, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio la causa por la supuesta compra irregular de 19 automóviles de lujo realizada en 2009 cuando ocupaba el Ministerio de Economía.
La fecha de inicio del proceso oral aún no ha sido definida.
Otro de los exfuncionarios de Fernández que guarda prisión es Julio De Vido, arquitecto de 67 años de edad, quien fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante los dos mandatos de Fernández (2007-2015) y el de su antecesor y fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007).
Fue el ministro que mayor caudal de fondos públicos manejó durante administración kirchnerista y fue funcionario del matrimonio desde la década de 1990, cuando Kirchner era gobernador de la patagónica provincia de Santa Cruz. Desde diciembre de 2015 era diputado nacional.
El 1 de noviembre, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó junto al exsecretario de Obras Públicas José López, por el supuesto cobro de sobornos para adjudicarle la ampliación de varios gasoductos a la empresa sueca Skanska.