Empeñada en combatir el lavado de dinero y el soborno de funcionarios gubernamentales, el buró federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una oficina en Miami, que se concentrará en combatir la corrupción en América del Sur, región donde se originaron muchos de los casos internacionales más sonados con los que lidió el Departamento de Justicia en los últimos años.
La unidad se propone identificar violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que declara ilegal el soborno de funcionarios extranjeros.
El FBI ha estado trabajando con empresas de distintos campos, desde petroleras hasta farmacéuticas, para enseñarles a detectar elementos que podrían ser un indicio de corrupción y alentarlas a que denuncien cualquier sospecha de irregularidades.
Los casos que investigó la unidad han generado compensaciones por miles de millones de dólares.
En septiembre de 2018, por ejemplo, la petrolera estatal brasileña Petrobras acordó desembolsar más de $853 millones para resolver denuncias de que sus ejecutivos pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a políticos y partidos brasileños. Y en diciembre de 2016, el conglomerado brasileño de empresas constructoras Odebrecht y otra firma petroquímica aceptaron pagar más de $3,500 millones para resolver denuncias de sobornos a políticos de todo el mundo, a partir de una serie de empresas fantasma y de transacciones no declaradas.
La nueva unidad tendrá seis agentes, además de un supervisor y de un auditor forense. A diferencia de otras unidades del FBI, que se concentran en combatir delitos violentos y la corrupción, y responden a autoridades locales, esta unidad responderá a Washington.