El Ministerio de Hacienda de España impuso en el último trimestre de 2017 varios reclamos a la constructora FCC y a algunas de sus filiales por un monto total de 37 millones de euros (unos $45 millones).
La medida se da luego de comprobar el impago del impuesto sobre sociedades, IVA e IRPF del periodo comprendido entre 2010 y 2012, ejercicios que legalmente no han prescrito.
Según señala la constructora en su informe financiero anual de 2017, el pago ha sido aplazado por la administración tributaria, en su mayor parte, durante un período de 18 meses.