La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que no es inconstitucional la Resolución 1 del 2 de julio de 2014, mediante la cual la Asamblea Nacional concedió permiso para ejercer la profesión de abogado a nueve diputados.
En un fallo fechado el 29 noviembre de 2017, que estuvo bajo la ponencia del magistrado Oydén Ortega Durán, los magistrados de la Corte desestimaron la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la resolución por el abogado Ernesto Cedeño.
La decisión, adoptada de forma unánime por el pleno de la Corte, detalla que si bien el artículo 158 de la Constitución señala que “los diputados no podrán hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas contrato alguno con órganos del Estado, con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie poder para gestionar negocio ante esos órganos, instituciones o empresas” , el numeral 4 de ese mismo artículo plantea que los diputados quedarán exceptuados de la aplicación de la norma “cuando el diputado actúe en ejercicio de la profesión de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del período de sesiones o dentro de este mediante licencia concedida por el pleno de la Asamblea Nacional”.
Para los magistrados, en este caso la propia carta magna establece los parámetros bajo los cuales los diputados de la Asamblea Nacional pueden realizar trámites ante la Corte.
También refutan el argumento de Cedeño de que la autorización dada por el pleno de la Asamblea a los diputados viola el artículo 19 de la Constitución, ya que les concede un fuero o privilegio, de ser diputado y poder litigar ante la Corte.
Los magistrados consideraron que en este caso no existe tal privilegio, ya que la Constitución le permite al diputado ejercer la profesión de abogado cuando se encuentra fuera del período de sesiones o cuando recibe autorización del pleno de la Asamblea, por lo que no se crea una situación injusta hacia los diputados beneficiados con la autorización o en contra de sus demás colegas.