El excandidato presidencial Ricardo Lombana aseguró que no le sorprende la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de no conceder una prórroga para investigar el caso Odebrecht, ya que en este caso el Órgano Judicial siempre ha tratado de evitar las investigaciones.
Ese hecho, advierte Lombana, afecta la imagen del país, por el mensaje de impunidad que se envía.
El abogado también señaló al Ministerio Público de haber sido selectivo en un caso que alcanza a las administraciones de los expresidentes Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y calificó como ofensivo el grado de “complicidad” que tienen los mecanismos de justicia.
Alegó que lo ideal habría sido la creación de una fiscalía especial, con competencias para adelantar investigaciones de alto perfil, sin criterio selectivo. Y, en el caso de no resultar ninguna medida nacional, recurrir a un comité internacional, como lo hizo Guatemala.
El arquitecto Ricardo Bermúdez alegó que las limitaciones de tiempo para investigaciones tan importantes de corrupción en Panamá producen estas situaciones, pero lo que resulta incomprensible es que el Ministerio Público no haya abierto procesos a la cantidad de implicados cuyos nombres y apodos los conoce la procuradora Kenia Porcell y sus fiscales, desde los acuerdos de delación, aquí y en Brasil.
El Ministerio Público debe definir esta semana si recurre la decisión del tribunal.
‘Fallo del tribunal es inexplicable’
Como inexplicable calificó Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de no conceder a la Fiscalía Especial Anticorrupción una prórroga para investigar el caso Odebrecht.
Para Lee es evidente que el de Odebrecht es un típico caso de los que el sistema penal denomina “complejo,” es decir, los que se tipifican por el número de personas involucradas en la investigación, por las circunstancias utilizadas para intentar borrar la trayectoria del dinero que figura como pago de soborno, por los países involucrados en la investigación y, sobre todo, por la especialidad de la acción penal investigada, ya que existía una estructura legalizada a través de sociedades anónimas que era utilizada para encubrir los sobornos pagados a los funcionarios.
Lee destacó el hecho de que frente a casos como estos, la legislación permite al Ministerio Público solicitar un período extraordinario para recabar todas las pruebas que puedan garantizar un castigo a los investigados.
Por todas estas razones, consideró que es inexplicable, jurídicamente, que el tribunal no haya accedido a la solicitud del Ministerio Público de extender el término de la investigación, de manera que la fiscalía pudiese recabar todas las pruebas que sustenten su teoría de acusación y lograr un castigo ejemplar a los que resulten responsables. Con esta determinación por parte del tribunal lo único que se favorece es la “impunidad”, dijo.
El pasado viernes, el Segundo Tribunal anunció que rechazó una apelación de la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore para que se le concediera una segunda prórroga para culminar nuevas líneas de investigación surgidas en el caso Odebrecht.
La información fue divulgada a través de la cuenta de Twitter del Órgano Judicial, sin dar mayores detalles.
Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá confirma decisión del Juzgado 12 Penal de no conceder otra prórroga a la fiscal Zuleyka Moore para continuar sumario en el caso Odebretch. #OJInforma ⚖️ pic.twitter.com/lSrt86cLTD
Al conocer la decisión del tribunal, Moore aseguró que se trata de una investigación fortalecida, con condenas y bienes recuperados.
“Estamos satisfechos con lo que hicimos y lo que nos correspondió como fiscales, le dimos respuesta a la ciudadanía e investigamos lo que estuvo a la mano del MP”, afirmó Moore.
Más críticas al fallo
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), planteó que es vergonzoso ver que mientras otros países de Latinoamérica avanzan en la investigación y judicialización del principal caso de corrupción de la región, el Órgano Judicial de Panamá decide truncar la investigación, liberando de responsabilidad en el proceso a nuevos implicados que han salido a raíz de nuevas publicaciones.
Después nos quejamos –apuntó Planells– cuando incluyen a Panamá en listas internacionales por falta de efectividad en la lucha internacional contra la corrupción y el lavado de dinero.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, estimó que se trata de un problema de estructura del proceso penal bajo las reglas del sistema inquisitivo mixto.
“La justicia enfrenta los límites de la ley, casos como Odebrecht siempre han demostrado la necesidad de auxilio legislativo en muchos aspectos, el sistema no puede producir decisiones [que] aunque necesarias están fuera de los presupuestos de lo que se conceptualizó en los procesos”, alegó.
Aseguró que el debate recae en la legitimidad del proceso y de la sanción; y añadió que no cabe duda de que la falta de voluntad política, de aportar herramientas al proceso, crea un problema en materia de justicia.
Lo que está pendiente
La investigación del caso Odebrecht se inició en 2015. En abril de 2018 el Segundo Tribunal le concedió una prórroga de un año a la fiscalía para concluir las investigaciones, pero dicho termino no fue suficiente, por lo que se pidió una segunda prórroga, que fue rechazada, según el Órgano Judicial informó la semana pasada.
En esta fase se incluiría lo concerniente a la administración del presidente Martín Torrijos (2004 -2009), período en que Odebrecht recibió su primer contrato, para la construcción del proyecto de riego Remigio Rojas en la provincia de Chiriquí, por $ 63 millones.
Durante el gobierno de Torrijos la constructora brasileña se adjudicó otros tres contratos, que en total sumaron más de $500 millones, y entre los que destaca la construcción de la cinta costera 1, por $189 millones.
También se encuentra pendiente de investigación el período del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), durante el cual Odebrecht recibió los contratos de la línea 2 del Metro –por $2 mil 62 millones-, la Renovación Urbana de Colón –$569 millones–, y la rehabilitación de espacios públicos en la ciudad de Panamá –$100 millones–, este último adjudicado por la Alcaldía de Panamá.
Ministerio Público analizará el fallo
El Ministerio Público analiza las acciones a tomar tras el fallo del Segundo Tribunal de Justicia, del cual aún no ha sido oficialmente notificado.
Fuentes del Ministerio Público explicaron que es necesario conocer el contenido del fallo, para entonces presentar algún recurso.
