José Manuel Morales, de 23 años, y Samuel Morales de 49, hijo y hermano, respectivamente, del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, deberán enfrentar juicio por fraude continuado, dictaminó la justicia.
Ambos son acusados de haber presentado facturas y cotizaciones falsas sobre servicios prestados al Registro de la Propiedad que nunca se realizaron.
La jueza Silvia de León llamó la atención al hijo del presidente que “por su juventud” se haya involucrado en un caso donde se cometieron delitos mayores. “No se juega con la administración pública. No era un like [en Facebook] el que usted estaba dando”, le dijo la jueza al joven al emitir sus argumentos para enviarlo a juicio, según Prensa Libre.
La audiencia duró aproximadamente 10 horas y finalizó casi entrada la madrugada del sábado.
Samuel Morales también estaba acusado de lavado de dinero, sin embargo, la juez dijo que no había suficientes indicios para acusarlo de esto, por lo que no fue enviado a juicio por ese delito.
Tanto el hermano como el hijo del mandatario se han declarado inocentes. Ambos están en libertad, ya que luego de pasar un mes en prisión les otorgaron medidas sustitutivas de cárcel.
Además de los Morales, otras 22 personas también deberán enfrentar juicio por el caso. El fraude se fraguó en 2013, cuando aún no era presidente Jimmy Morales.
Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), los familiares del presidente habrían participado de un fraude al Registro de la Propiedad por unos 180 mil quetzales (unos $23 mil).
La Fiscalía asegura que son tres casos relacionados con el Registro de la Propiedad, dos de ellos por la compra de desayunos que se pagaron con dinero del Estado y que no se brindaron. El otro parte de la adquisición de canastas navideñas con facturas apócrifas del restaurante Fulanos y Menganos (que habría entregado el hijo del presidente), cuyo dueño financió la campaña presidencial del partido Frente Convergencia Nacional, que llevó al poder a Morales.
La jueza declaró sin lugar la petición de los familiares del presidente de resolver el caso por la vía administrativa, así como rechazó las solicitudes para excluir del proceso a la Cicig, a la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación.