Convencida de que es víctima de una persecución política, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer a la justicia anular una causa por corrupción en su contra, inventada según ella, para tapar la crisis económica en el país.
“Esto es un disparate. Es una maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico”, dijo Fernández de Kirchner al salir de tribunales, donde unos 5 mil seguidores reunidos en la agrupación política La Cámpora, alzaron banderines y entonaron cánticos en su apoyo. Cual estrella de rock ingresó a los tribunales por una puerta trasera, donde decenas de empleados se acercaron a retratarla con celulares, antes de comparecer ante el juez federal Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. “Aguante morocha”, “Cristina es del pueblo, y no la toca nadie”, gritaban fanáticos sin pasar por alto el canto “Vamos a volver”.
La exmandataria es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner preso por supuesto enriquecimiento ilícito.
En una improvisada rueda de prensa al salir del tribunal, la expresidenta dijo que pidió por escrito que se anule la causa, una de las tantas que impulsó la justicia en Argentina en su contra desde que dejó en diciembre pasado el gobierno (2007-2015).
Los abogados de Fernández de Kirchner explicaron que en la audiencia no respondió a ninguna de las preguntas del juez Ercolini.
Este caso volvió a poner a Cristina en el tapete de la actualidad argentina, donde es amada y odiada con idéntica pasión. En un acto judicial casi simultáneo, en Río Gallegos, bastión de los Kirchner en la Patagonia argentina, se tasaron varias propiedades -departamentos, casas y un terreno- que figuran a nombre de la firma Los Sauces S.A., una sociedad comercial que mantiene la expresidenta con sus hijos.