El magistrado Harry Díaz –en calidad de juez de garantías– fijó para el próximo 10 de abril la audiencia de imputación de cargos al expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli, como parte de la investigación que se le sigue por supuestas amenazas en 2012 a moradores de Pixvae y Bahía Honda, en Veraguas, para que cedieran sus tierras a un comerciante.
Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adelanta el proceso de notificación a Martinelli.
El expresidente se encuentra detenido desde el 12 de junio de 2017 en una cárcel en Miami, Estados Unidos, en espera de ser extraditado por solicitud de la CSJ, que lo procesa por la interceptación no autorizada de comunicaciones durante su gobierno (2009-2014).
Las fuentes explicaron que el magistrado Abel Zamorano –fiscal de la causa– solicitó a Díaz la audiencia para imputar al exmandatario por la supuesta comisión de delitos contra la libertad, extorsión y tráfico de influencias
Esta investigación se inició el 28 de enero de 2015, tras una denuncia presentada por el abogado Donaldo Sousa, quien en esa ocasión aseguró que Martinelli presionó a los residentes de Bahía Honda y Pixvae para que cedieran 70 hectáreas de tierras.
En octubre de 2017, la CSJ informó que los delitos de usurpación de tierras y apología del delito –que fueron endilgados al exgobernante en esa denuncia– quedaron prescritos, pero no así las otras conductas presuntamente ilícitas.
Sidney Sittón, abogado de Martinelli, calificó la decisión de fijar una audiencia de imputación en este caso como un “disparate”.
Explicó que este proceso correrá la misma suerte que el caso de los indultos, en el que la Corte declaró prescrita la acción penal, de acuerdo con la pena de prisión.