La utilización de fondos públicos o privados, o la mezcla de los dos para las elecciones de 2019 es un dilema. Hay quienes abogan por unos comicios totalmente financiados con fondos públicos para buscar mayor transparencia en el proceso electoral. Mientras que otros apelan para que haya dinero privado con el fin de mitigar el gasto público en una campaña.
Aunque la decisión final recaerá en los 71 diputados que conforman la Asamblea Nacional, ayer dirigentes de gremios, organizaciones, expertos en asuntos electorales y políticos, y algunos diputados abogaron para que la próxima contienda se haga con dinero estatal.
El debate surgió en el seno del panel “Subsidio público de los partidos políticos: lo ideal y lo práctico, lo óptimo y lo real”, organizado por la Fundación Friedrich Ebert y respaldado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Ahí, por ejemplo, Fernando Cebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia, partido en formación, expuso que es muy difícil controlar la entrada de dinero ilícito en una campaña política. Por eso, dice no ser partidario del financiamiento privado y propuso, entre otras cosas, que para reducir gastos que lleven a que se dispare el costo de una elección con fondos públicos, la campaña sea de un mes y con un presupuesto que no sea oneroso.
Así también lo expuso la diputada independiente Ana Matilde Gómez, al considerar que si no existen los controles necesarios, como hasta ahora se ha visto en las donaciones privadas, “deberíamos emigrar solo al financiamiento público”. Dice que, en la actualidad, el país no tiene los mecanismos para frenar la intromisión de dinero mal habido en las campañas. Incluso, explicó que hay casos en los que un candidato pide apoyo económico para la campaña a una persona “honorable y mañana [la persona] aparece en una lista o subiendo o bajando escaleras. ¿Qué culpa tiene el candidato?, mejor evitémosle eso y que el financiamiento oficial se entregue de manera proporcional”.
Por ahora, cerca de 17 de los 71 diputados apoyan dicha moción, señaló Gómez. No obstante, el Tribunal Electoral (TE) no está de acuerdo con esta propuesta. Osman Valdés, director de Organización Electoral de esa entidad, indica que el uso total de recursos públicos acarreará costos aproximadamente de $400 millones, solo para los 846 cargos en el ámbito nacional que habría en 2019. Esto, sin incluir las candidaturas independientes.
En tanto, el politólogo Harry Brown recordó que ningún país en América Latina tiene un financiamiento público del 100%. “Tener un financiamiento 100% público crea otros problemas, crea partidocracia”, explicó. A su vez, expresó que de aprobarse solamente utilización de recursos públicos, se tienen que tomar medidas como la aprobación de listas cerradas, eliminándose así el voto selectivo, ya que el financiamiento iría al partido.