La jueza del Tribunal de Busto Arsizio, en Italia, Nicoletta Guerrero, validará hoy el acuerdo entre la Fiscalía y las empresas Agusta Westland Ltd., y Agusta Westland Spa., sociedades controladas por el coloso militar italiano Finmeccanica.
Con ello, el grupo italiano evitará así mayores perjuicios judiciales en el proceso que se le sigue por corrupción internacional en India durante 2010.
El convenio estipula que las empresas fabricantes de helicópteros militares del conglomerado italiano pagarán más de $10 millones, conforme a la Ley 231 de 2001, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos cometidos en la empresa por sus directivos.
Además, las sociedades de Finmeccanica deberán cargar con los gastos del proceso administrativo, que suman más de $100 mil, y con otra sanción administrativa que está por encima de $800 mil.
Con ello, Finmeccanica podría conseguir que se archive la causa como grupo empresarial.
PROHÍBEN NEGOCIOS DE FINMECCANICA EN INDIA
Por su parte, India tomó una decisión salomónica que no ha sido bien recibida por los ejecutivos de la empresa. El Gobierno de ese país prohibió a Finmeccanica presentar ofertas para futuros contratos y que las empresas indias formalicen nuevos negocios con el grupo industrial italiano.
Es un nuevo revés para Finmeccanica, que desde el pasado 7 de agosto sufre la amenaza de la cancelación, por parte del Gobierno de Panamá, del contrato de radares con la sociedad del grupo Selex, cuyo valor es de unos $120 millones.
Según publicó ayer el diario India Today, el Estado indio ha recuperado ya más de $300 millones de los $753 millones que costaron al Gobierno de ese país los 12 helicópteros adquiridos y por el que la empresa italiana pagó coimas hasta de $67 millones tanto a intermediarios como a altos funcionarios de la nación asiática.
En febrero pasado, el Ministerio de Defensa de India congeló los pagos a Agusta Westland Spa., al saltar todas las alarmas, tras demostrarse que el grupo italiano había pagado coimas a altos funcionarios del país para ganar el contrato en 2010, que es el mismo año en que Finmeccanica pactó la venta de $250 millones en equipos a Panamá, incluyendo media docena de helicópteros de su filial Agusta Westland.
CONTINÚAN JUICIOS
Pero en el frente penal, la batalla judicial no ha terminado. El juicio en el Tribunal de Busto Arsizio, que imputa al exjefe de Finmeccanica Giuseppe Orsi y al exadministrador delegado de Agusta Westland Bruno Spagnolini, se retomará el próximo 30 de septiembre, y está previsto que el 9 de octubre se pronuncie una sentencia en primer grado.
El pasado mes de abril, el intermediario de las coimas, Guido Ralph Haschke, fue condenado a 22 meses de cárcel por corrupción internacional.
En este juicio, el Gobierno de India es parte civil y juega una posición de fuerza que puede incidir en el tablero judicial.
Sin embargo, el Ejecutivo del presidente panameño Juan Carlos Varela no podrá mover las fichas cuando Valter Lavítola, supuesto recolector de los sobornos del anterior Gobierno local, y el exdirector comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere –imputados por corrupción internacional– se sienten en el banquillo de los acusados el 16 de septiembre en el Tribunal de Roma.
La última oportunidad del Gobierno de Panamá de constituirse como parte civil será en el proceso que juzgará la supuesta corrupción internacional en los contratos relativos a la frustrada construcción de las cárceles modulares por parte de la empresa italiana Svemark que, de momento, continúa bajo secreto sumarial en el Tribunal de Nápoles.