La fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, solicitó el llamamiento a juicio del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens y los exfuncionarios Alberto Maggiori, Indira Frauca y Linett Monterrey por la presunta comisión del delito de peculado, por el alquiler de 32 locales comerciales en el corregimiento de Pedregal que no fueron ocupados por espacio de 19 meses que generaron erogaciones, por más de 700 mil dólares en perjuicio de esa entidad de seguridad social.
Mientras que solicitó un sobreseimiento a favor del exsubdirector de la CSS Marlon de Souza por no haber participado en las negociaciones para la adjudicación del contrato para el alquiler de los locales.
Durante la audiencia preliminar celebrada ayer en el Juzgado Decimosegundo Penal, la fiscal Moore alegó que los exfuncionarios de la CSS dejaron de cumplir con su deber al no establecer los mecanismos de previsión que permitieran el uso inmediato de las instalaciones alquiladas.
La fiscal Moore detalló que en noviembre de 2014 se realizó una inspección ocular en las instalaciones alquiladas por la CSS, donde se ubicarían nuevas instalaciones de salud de la policlínica J.J. Vallarino y una playa de estacionamientos, pero el lugar se encontró sin la instalación de aires acondicionados y equipo eléctrico.
Así mismo, recalcó que durante su investigación se ubicaron numerosos correos electrónicos en los que se solicitaba a las exfuncionarias Monterrey y Frauca, quienes laboraban en el Departamento de Infraestructura y Apoyo de la Caja de Seguro Social, que agilizaran los trámites para adecuar los 32 locales comerciales, pero que pasaron 19 meses y ello no se ejecutó.
En tanto, Carlos Carrillo, abogado de Sáez-Llorens, alegó que en el expediente la fiscalía habla de peculado, pero que el informe de auditoría de la CSS no habla de pérdida de dinero, ni que los fondos fueran utilizados de manera irregular.
Carrillo detalló que el contrato suscrito entre la CSS y la empresa Enrico era con opción a compra y que el dinero pagado por alquiler quedaba como fondo para realizar la compra, una vez finalizadas las adecuaciones.
A la vez, explicó que en este caso la fiscalía solo investigó los 19 meses de la pasada administración, pero no investigó los restantes 36 meses que el proyecto se mantuvo prácticamente paralizado.
En tanto, Clementina Rodríguez, abogada de Monterrey y Frauca, alegó que sus clientes cumplieron con las disposiciones legales vigentes y que ellas no tenían poder de decisión para ordenar o suscribir el contrato.
La juez suplente Lania Batista se acogió al término de 30 días para determinar si acepta la petición de la fiscal Moore o da un sobreseimiento a los imputados.